Cuando alguien aparece en un periódico diciendo aquello de que se siente «discriminado», no suele ser extraño que existe un puntito de exageración. Pero estos cuatro casos son ejemplos evidentes de lo que es una discriminación («dar trato desigual a una persona o una colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, edad, condición física o mental», según la RAE), porque aquí todos sus compañeros de profesión ya han recibido su dosis de vacuna contra el coronavirus, pero ellos, por uno u otro motivo, no. Ya sea porque trabajan en centros privados, en el ámbito de educación de adultos, en régimen de interinidad o con menores de tres años.
«Se nos ha discriminado de una manera evidente», asegura Luis Espeso, profesor de Sociales del Colegio Internacional de Valladolid. En este centro privado son 30 los educadores sin vacunar y así están también en el Liceo Francés y en el Puente Azul. «Me siento engañado», dice este docente, que entiende que «las razones que se dieron para la vacunación de los profesores eran criterios médicos debido a que realizamos una función social esencial y el hecho de pertenecer a la enseñanza privada o no, es algo irrelevante», opina. «Si los criterios hubieran sido otros, como pudiera ser vacunar a los trabajadores que de una manera u otra les paga el Estado (públicos y concertados), lo hubiera aceptado, aunque no comprendido», apostilla el profesor del Colegio Internacional.
Amparo Martín es docente del programa de educación de adultos de Valladolid y, como ella, hay casi una treintena de profesionales que sigue dando clase a decenas de personas cada día sin recibir la pertinente dosis. Prefiere pensar que «esta decisión haya sido tomada por la escasez de vacunas, por la dificultad de llegar a diversos colectivos que podían demandar también ser tenidos en cuenta para recibir de forma prioritaria su dosis», pero recuerda que «el efecto ‘multiplicador’» que pueden tener los profesionales de la docencia «es muy alto, tanto por la diversidad y  cantidad de alumnado, como por la dispersión en los espacios de trabajo», en su caso en concreto, ya que alternan clases en tres centros cívicos de la ciudad: «Yo creo que hubiera sido socialmente  ‘rentable’ que se nos hubiera incluido».
Daniel González también lo ve como una medida «claramente discriminatoria». En su caso, de un modo especialmente paradójico, puesto que trabaja en la enseñanza concertada, pero su ‘pecado’ es ser interino. No esconde su decepción por esa situación: «El día que me enteré de que vacunaban a todos los profesores del centro menos a los sustitutos me llevé un buen disgusto». «Yo entiendo que, en una campaña de vacunación de docentes, el objetivo es proteger a todos los trabajadores del sector, sin hacer distinciones, que en este caso se han hecho, por ejemplo, vacunando a los compañeros que cubrían bajas en centros públicos, y cuyos contratos coincidieron durante la campaña», censura.
EL CASO DE LOS INTERINOS

En efecto, al parecer, solo se efectuó llamamiento para vacunar a esos interinos que estaban destinados en los centros públicos en aquellas fechas, olvidándose por completo de los que trabajan en concertados y luego, pasado aquel llamamiento, tampoco se ha vuelto a vacunar a ningún profesor  interino, aunque nadie acierta a ponerle cifra a los damnificados por esta situación, debido a esa multiplicidad de casos que se han dado.
En el sector de las guarderías nadie le pone cifra a los docentes sin vacunar, pero hay un centenar de centros privados en Valladolid y solo se habría vacunado a aquellos profesionales de las escuelas de Educación Infantil pertenecientes a la Junta, así como a las de centros concertados. Julia Cabero es dueña de una privada en Las Delicias y se muestra crítica por esta evidente discriminación: «El que se nos haya excluido de la vacunación del grupo de docentes me parece un acto discriminatorio, puesto que nosotras trabajamos a diario con niños muy pequeños que no llevan mascarilla y a los que, además, también tenemos que asistir continuamente».

Luis Espeso, a las puertas de su vivienda. - Foto: Jonathan Tajes

«Ser de la enseñanza privada o no es irrelevante para la vacunación»

Luis Espeso tiene 43 años y es profesor de Geografía e Historia en el Colegio Internacional de Valladolid, donde lleva 14 años. Actualmente da clase de Ciencias Sociales en todos los cursos de ESO, por lo que interactúa semanalmente con «unos 80 alumnos». Él, como sus compañeros, forma parte de ese grupo de profesores de ‘segunda’ que siguen ser vacunados: «En nuestro colegio somos más de 30 en todas las etapas, a los que al igual que el resto de colegios privados (Liceo Francés y Puente Azul), no nos han vacunado», lamenta.
«Me siento engañado, pues las razones que se dieron para vacunar a profesores eran criterios médicos debido a que realizamos una función social esencial. En este sentido, el pertenecer a la enseñanza privada o no es irrelevante. Si los criterios hubieran sido otros, como pudiera ser vacunar a empleados que de una manera u otra les pagase el Estado (públicos y concertados), lo hubiera aceptado, aunque no comprendido, pero de esta manera nos han discriminado de manera evidente». Espeso no oculta su indignación, más aún cuando saben que «compañeros de la privada en otras comunidades como Madrid, Aragón, Valencia o Asturias sí han sido vacunados».
«Quiero creer más bien que haya sido por temas burocráticos. No estábamos en su listado de ‘empleados’, y nadie se ha acordado de nosotros. Pese a ello, cuando desde el colegio se les hizo constar este error, no lo han solucionado», asevera este profesor del Internacional. «Nuestro director y el comité de empresa han estado detrás del tema exhaustivamente, y las respuestas que nos ha dado la Junta han sido vagas, cuando no erróneas. Se nos ha llegado a decir que los policías o los compañeros de la concertada tampoco estaban vacunados, cuando era muy fácil corroborar lo contrario», apostilla. 
Sabe que la vacuna que le hubiera tocado es la polémica AstraZéneca, pero no tendría ninguna objeción en recibirla: «No soy un experto, pero creo está demostrado que los riesgos que tiene esa vacuna, como algunas otras es ínfimo, sobre todo comparado con los beneficio. El tipo de vacuna que se nos ponga, tras haber pasado por la aprobación de la gente que sabe, no es algo que me preocupe».

Amparo Martín, en un aula del Centro Cívico Delicias. - Foto: Jonathan Tajes

«Hubiera sido socialmente  ‘rentable’ que nos incluyeran»

Daniel González posa en el centro de la ciudad. - Foto: Jonathan Tajes

Amparo Martín acaba de cumplir 58 años y es consciente de que le llegará antes la vacuna por la edad que por su profesión. Ella es una de las educadoras de personas adultas en el programa municipal que desarrolla FeCEAV. La docente asegura sentirse «desconcertada» y prefiere pensar que «la decisión haya sido tomada por la escasez de dosis, por la dificultad de llegar a diversos colectivos que podían demandar también ser tenidos en cuenta para recibir de forma prioritaria la vacuna», porque ese «efecto ‘multiplicador’» que pueden tener los profesionales de la docencia «es muy alto, tanto por la diversidad y  cantidad de alumnado, como por la dispersión en los espacios de trabajo»: «Creo que hubiera sido socialmente  ‘rentable’ que nos incluyeran».
Ella trabaja de forma alternativa en el Centro Municipal de Aprendizaje a lo largo de la vida del barrio de Pajarillos, el Centro Cívico Delicias y el Centro Cívico José Ma Luelmo (en Parque Alameda): «Doy clase a grupos muy diversos de personas adultas que buscan aprender informática o afianzar conocimientos en ello, así como clase de Lengua», entrando, por tanto, en contacto con numerosas personas cada día: «Yo no estoy vacunada porque esta profesión no parece que haya sido justificación suficiente para ser considerada en el mismo rango que a maestros y profesores dependientes de la Junta. Pese a proponerlo, siendo conscientes de que nuestra tarea se desarrolla entre personas adultas (algunas ya mayores) y del riesgo que esto supone, hemos tenido que esperar (todo el equipo) a que se nos convocara por edad, de forma genérica con el resto de la población», lamenta Martín, quien confiesa que «hasta los alumnos (muchos ya vacunados) se extrañan de la situación». «Afortunadamente el curso ya acabará pronto y (ojalá) sin haber sufrido en las aulas ningún brote ni situación de alarma. Eso sí ventilación, gel y distancia a raudales este curso».
Amparo tiene claro que el no haber sido vacunados «es un agravio comparativo» y afirma que no han recibido más explicación que «la justificación generalista de la alta demanda y la escasez de dosis»: «Casi me llevaba a pensar en que era una solución salomónica, ni justa, ni buena».

Julia Cabero, a la puerta de su guardería del barrio de Las Delicias. - Foto: Jonathan Tajes

«El objetivo debió ser la protección de todos los empleados del sector»

Daniel González tiene 28 años y es maestro de Educación Primaria con mención en educación musical. Este es el primer año que ejerce, ya que cubre desde septiembre una baja de larga duración en el Colegio San Juan de la Cruz (de los Carmelitas Descalzos), de Medina del Campo. «Soy el tutor de 4o de Primaria, y les imparto Lengua, Naturales y Educación Plástica, y soy el especialista de Música en toda Primaria, por lo que a la semana doy clase a los 147 alumnos que el centro tiene en la etapa, de primero a sexto», explica el vallisoletano, uno de los muchos interinos que no han recibido la vacuna, a pesar de que trabajen en la pública o la concertada: «En un colegio relativamente pequeño como el San Juan de la Cruz, somos cinco profesores los que nos encontramos en este limbo de la vacunación además del personal de servicios y el administrativo». 
González tiene claro que «vacunar a los trabajadores de un centro, y dejar excluido a parte de ellos es un poco injusto» y, por ello, no oculta su decepción con un sistema incongruente: «El día que me enteré de que vacunaban a todos los profesores del centro menos a los sustitutos me llevé un buen disgusto».
«Yo entiendo que, en una campaña de vacunación de docentes, el objetivo debe ser proteger a todos los trabajadores del sector, sin hacer distinciones, que en este caso se han hecho, como, por ejemplo, vacunando a los compañeros que cubrían bajas en centros públicos, y cuyos contratos coincidieron durante la campaña», censura. «Bien sea por falta de coordinación entre Sanidad y Educación, bien porque haya otros intereses, al final son los trabajadores los que acaban pagando», critica. 
Los interinos han pedido explicaciones  a la dirección provincial de Educación y la última respuesta vincula esta situación a los problemas con AstraZéneca y a la estrategia de vacunación marcada desde Sanidad. Él no tiene dudas de que se la pondría, pese a que reconoce que «el problema viene cuando un día se dice que a las doce semanas se pone la siguiente dosis, al día siguiente que no, al siguiente que una dosis de otro fármaco...». «La sensación de que se estén dando palos de ciego, y de ser conejillos de indias».

«Trabajamos con niños muy pequeños y sin mascarilla»

Julia Cabero tiene 45 años de edad y es una de las muchas maestras de Educación Infantil que desarrollan su carrera profesional en el ámbito del casi un centenar de guarderías privadas que hay en Valladolid. En concreto, ella es la propietaria de su propio centro, ‘La Abeja Maya’, situada en el barrio de Las Delicias. «Llevo 13 años con mi centro y con anterioridad estuve trabajando cuatro años en otra guardería», detalla. 
«Este curso tenemos unos 30 niños con los que tengo relación todos los días, ya que debido a la pandemia estoy muchas horas en la guardería», explica Cabero a El Día de Valladolid, quien apunta que «no es el caso del resto de compañeras que cada una está solo con un grupo de niños», con el objetivo de cumplir la organización en los denominados ‘grupos-burbuja’. 
La dueña de ‘La Abeja Maya’ asegura desconocer cuántos profesionales de la educación infantil pueden verse afectados por la ausencia de vacunación, pero cree que pueden ser muchos: «Según me han comentado, estamos sin vacunar tanto en las guarderías municipales como en las privadas. En cambio, no es el caso de las guarderías privadas que pertenecen a los colegios concertados que en esas sí deben haber vacunado, debido a que pertenecen al personal del colegio». 
«El hecho de que nos hayan excluido de la vacunación del grupo de docentes me parece un acto discriminatorio puesto que nosotras trabajamos a diario con niños muy pequeños que no llevan mascarilla y a los que tenemos que asistir continuamente», censura. «Sé que en algunas comunidades como Andalucía sí han vacunado, mientras que otras como el País Vasco, Cantabria y Aragón tampoco han vacunado al personal de guarderías», añade.
Julia Cabero tampoco entiende la falta de información al respecto en todos estos centros: «A nosotros, desde la Junta, no se nos dado ningún tipo de explicación y yo me puse en contacto con la Consejería de Familia, que es a la que pertenecemos, y me argumentaron que nos habían excluido de personal esencial desde Sanidad en la campaña de vacunación y que tendríamos que esperar a la vacuna por nuestro año de nacimiento».