En abril del año 2014 el ex alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, reconoció que la empresa pública de autobuses, Auvasa, estaba «al límite» para justificar la negativa a ampliar la gratuidad de este servicio a los desempleados. En enero de 2017, el actual alcalde, Óscar Puente, desveló, en mitad de un conflicto con la plantilla, que las nóminas de los trabajadores le cuestan a las arcas municipales 21,5 millones.

La preocupación de ambos tiene que ver con que el transporte colectivo urbano de viajeros es el servicio público que implica mayor coste bruto para el Ayuntamiento. En concreto, fueron 30,3 millones en 2017, según el Informe del coste efectivo de los servicios publicado hace unos días. De hecho, es el único servicio que tiene un coste por habitante que supera, aunque ligeramente, los cien euros. El Ayuntamiento paga 4,46 euros por cada kilómetro que recorre un autobús o, lo que es lo mismo, 54,65 euros por cada hora de funcionamiento.

El segundo gasto más elevado tiene que ver con la Policía Municipal, con casi 26,2 millones de euros, un coste de 87,3 euros por habitante. Un Cuerpo que se encuentra inmerso en un proceso de renovación de parte de su plantilla, después de la jubilación de unos 80 agentes que darán paso al ingreso de 77, para los que hay unos 700 aspirantes. A lo largo del mes de julio y en agosto se llevarán a cabo las pruebas físicas y psicológicas.

El informe municipal hace referencia al coste bruto de estos servicios, pero hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento también tiene una serie de ingresos por algunos de ellos que no están reflejados en el último estudio (sí en los anteriores). En un dinero que suele proceder del pago del servicio por parte de los usuarios o de otras vías, como tasas y subvenciones. Por ejemplo, en el informe de 2016 se hace referencia a un coste bruto en transporte de viajeros de 29,7 millones de euros, pero también hubo unos ingresos de 14,3 millones, por lo que el coste neto se redujo a casi 15,4 millones. De hecho, en ese informe de 2016 hay conceptos que contemplan ingresos muy superiores a los gastos. Por ejemplo, el planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística tuvo un coste de poco más de cuatro millones, frente a unos ingresos de 14,1.

los residuos. El siguiente servicio que implica más coste para el Ayuntamiento es la gestión de residuos sólidos urbanos, con 13,8 millones. Una factura que se divide en tres partes: la recogida (8,4 millones), el tratamiento (4,9 millones) y la gestión de los puntos limpios, que no llega a los 400.000 euros. Recoger la basura le cuesta al Ayuntamiento 51,2 euros por vivienda, mientras que el kilómetro de transporte para hacerlo sale a más de 2.600 euros.

En los últimos meses también se han hecho importantes inversiones en este área. Por ejemplo, la renovación de 240 contenedores de papel y la adquisición de otros cien que se sumaron a los 1.129 que ya había colocados por todo el municipio. Esto supuso un gasto el año pasado para las arcas municipales de unos 170.000 euros.

La gestión del agua también ocupa una importante parte de estos costes. La evacuación y tratamiento de aguas residuales ronda los 6,3 millones de euros, mientras que el abastecimiento a los hogares de agua potable cuesta poco más de diez millones. Sin embargo, este informe hace referencia a 2017, el año en el que el Ayuntamiento volvió a municipalizar este servicio (desde el 15 de julio), de modo que el informe puntualiza que «con objeto de mantener un criterio homogéneo, el coste se ha calculado con la metodología aplicable en la gestión por concesión, atendiendo exclusivamente a los ingresos que obtiene el concesionario, es decir, es el coste para los usuarios, no para el Ayuntamiento». Habrá que esperar a la publicación del informe de 2018 para comprobar el coste con el nuevo sistema de gestión. De cualquier modo, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad, María Sánchez, ya ha avanzado que los ingresos que se obtengan por este servicio irán destinados a la renovación y mantenimiento de la red de abastecimiento, ya que considera que el anterior equipo de Gobierno descuidó esa faceta y eso es lo que provocó, según ella, algunos reventones de tuberías.

limpieza de las calles. Otro de los servicios que más recursos consume de las arcas municipales, y de los que más críticas ha recibido por parte de la oposición, es la limpieza viaria, con casi 10,6 millones, es decir, 64,1 euros por vivienda. Puente siempre ha defendido la gestión que se ha hecho de este servicio y durante los cuatro años que ha estado como alcalde y ha garantizado que seguirá siendo de gestión pública mientras él siga como regidor.

El coste de todos los servicios municipales supera los 210 millones de euros, según el informe referente al año 2017, casi 700 por habitante.

El dinero para personas en riesgo de exclusión pasa de 14 a 20 millones en tres años

La crisis económica obligó al Ayuntamiento a redoblar los esfuerzos para atender al creciente número de personas que pasaron a estar en una situación de riesgo de exclusión social. Si en el año 2014, en la parte más cruda de la recesión, el presupuesto era de casi 14 millones, en el último informe, referente a 2017, ya llegaba a 20,2 millones, aunque en los dos anteriores ya había superado los 19. Actualmente es el tercer servicio público que más recursos brutos consume, solo por detrás del transporte y la Policía Local. El gasto no solo incluye las acciones de ayuda directa a estas personas, sino un presupuesto para su correcta evaluación e información de situaciones de necesidad social.

El Ayuntamiento de Valladolid ofrece una «prestación económica para atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social», que contempla cubrir los gastos de alimentación, cuidados personales esenciales y alojamiento temporales, en los casos en que sea necesario.