El PSOE de Castilla y León, las opas y Urcacyl exigieron hoy medidas urgentes a la Junta y la colaboración entre administraciones ante las pérdidas en los cultivos por la sequía, que Asaja estima ya en 600 millones, y la “dramática” plaga de topillos en la Comunidad, en la que ven responsabilidades políticas cuando existía una advertencia, aunque se centran ahora en solicitar que el nuevo Ejecutivo se ponga a trabajar.

El secretario general del PSCyL y portavoz de su grupo en las Cortes, Luis Tudanca, y los máximos representantes de Asaja, Donaciano Dujo; UPA, Aurelio González; UCCL, José Manuel González Palacín, y urcacyl, Leopoldo Quevedo, compartieron la gravedad de la situación que atraviesa el sector primario de la Comunidad y la exigencia de que se adopten ya las medidas necesarias.

Tudanca recordó que su grupo ha propuesto la creación de un fondo de 50 millones de euros ante contingencias en el sector, dado que la situación no es coyuntural, sino estructural por el cambio climático, medida apoyada por los líderes agrarios, así como que se actúe ya ante la plaga de topillos. “No se ha hecho nada, pese a la advertencia realizada en invierno de que podía pasar”, censuró el dirigente socialista, también acogido después por las opas.

La adopción de medidas adicionales ante la sequía, contar con buenos seguros agrarios en la cobertura de las pérdidas en los cultivos, agilizar las ayudas de la PAC, líneas directas a los afectados, fiscalidad ante el menor rendimiento y actuar contra los topillos en los reservorios fueron propuestas compartidas por todos los interlocutores en la reunión mantenida en las Cortes.

Dujo calificó de “muy preocupante” que el 60 por ciento de las pérdidas agrarias de este año por la sequía sean en Castilla y León, que estimó en 600 millones de los 1.000 totales, de ellos 350 en cereales, 150 en forraje y 100 en el sector ganadero por la falta de pastos. “Urge que las administraciones se pongan a trabajar”, enfatizó.

Topillos

El presidente de Asaja realizó un llamamiento al TSJ y a los ecologistas para que se permita el uso del fuego -no ahora sino en septiembre- y venenos en los reservorios de cunetas, caminos o arroyos para atajar la plaga de estos roedores y que no se convierta como la vivida en 2007, considerada por todos ellos como un problema de salud pública con 13 casos ya declarados de tularemia y 100 posibles.

“Seremos el hazmereír de España y de Europa”, alertó Dujo en declaraciones a Ical, mientras que todos ellos estimaron que existen unas responsabilidades políticas por “dejación e inacción” en la Junta cuando estaban advertidos desde enero y se sabe que su aparición es cíclica, cada cuatro años, aunque, a falta de Gobierno, pusieron el acento en las medidas.

Más lejos fue Aurelio González al pedir a la Fiscalía que actúe de oficio y afirmar que, en caso contrario, su organización se plantea realizar una denuncia, propuesta que no acogió González Palacín más partidario de la quema de rastrojos, utilizar veneno y limpiar cunetas y caminos rurales.

“Hay responsabilidades políticas claras por inacción, había una advertencia”, afirmó Tudanca, que calificó de “peculiar” la situación actual sin nuevo Gobierno y señalar si las responsabilidades se piden a los salientes o a quienes van a entrar, por lo que también prefirió que se tomen las medidas necesarias.

Por su parte, González Palacín advirtió de que su organización no dara el apoyo a “medidas cosméticas”, como consideró las adoptadas en 2017, y avanzó que no descartan movilizaciones si no se actúa.

Una actuación rápida y que “no se anden con medidas cosméticas” reclamó también el representante de urcacyl, que insistió en contar con unos seguros agrarios que protejan las explotaciones.