La presión ejercida por los llamados chalecos amarillos, movilizados en las calles de Francia contra la subida del precio de los combustibles prevista por el Gobierno tuvo ayer su primera victoria. Y es que el Ejecutivo de Emmanuel Macron anunció el aplazamiento de las medidas fiscales que debían entrar en vigor en enero, entre las que se incluía el encarecimiento de los carburantes, con el fin de paliar la grave crisis social que se vive en la nación gala desde hace tres semanas.

El primer ministro, Edouard Philippe, fue el encargado de anunciar la prórroga, que significa que los ajustes tributarios no se aplicarán, en principio, hasta mitad de 2019. 

«Decenas de miles de franceses han expresado su cólera», justificó el premier, que agregó que el Gabinete ha «tomado nota» del malestar y ha entendido que «ninguna tasa merece poner en peligro la unidad de la república». Por eso, reiteró, se ha suspendido «durante seis meses la aplicación de las tres medidas fiscales que iban a entrar en vigor el primer día de 2019. Así, los precios de la electricidad y del gas «no aumentarán durante el invierno», apuntó. 

El Ejecutivo no renuncia a «luchas contra la contaminación, contra el cambio climático», pero por boca de Philippe admitió que es necesario «acompañar a los franceses en esta transición» que el propio presidente  Macron defendió durante una comparecencia pública la semana pasada. 

El primer ministro anunció, asimismo, la apertura de «un gran debate sobre impuestos» que comenzará el próximo 15 de diciembre y se prolongará hasta el 1 de marzo de 2019. 

La suspensión de los planes fiscales costará a las arcas públicas 2.000 millones de euros, según fuentes del Gobierno galo. La diferencia, explicaron, se sufragará recortando gastos en otras partidas para no comprometer el objetivo de déficit delpróximo año, fijado en el 2,8 por ciento.