El Gobierno andaluz de PP y Cs cumplió ayer sus primeros 100 días, el período de gracia que se suele dejar a los nuevos Ejecutivos, y lo hizo con un primer documento de 21 medidas que dan por cumplido, pero con la amenaza de Vox de no sentarse a negociar los Presupuestos.

Los socios de la Junta llegan a esa primera meta volante que ellos mismos fijaron con la advertencia de la formación de Abascal, ya que aseguran que no se sentarán a tratar las Cuentas, que deben llegar al Parlamento este mes, si el presidente del PP, Pablo Casado, no rectifica sus palabras en las que calificó a Vox como «extrema derecha».

La amenaza «no es una rabieta», según el grupo, y tampoco es baladí, ya que el apoyo de sus 12 diputados se antoja imprescindible para que populares puedan sacar adelante las partidas.

Sin embargo, en lo que respecta a conservadores y liberales, el Gabinete regional ha demostrado sintonía en estos tres meses y se ha encargado de trasladar estabilidad y unidad, incluso «encapsulando» procesos tan convulsos como el de las recientes elecciones generales.

Esos comicios han dejado un panorama en el que el PSOE volvió a ganar en Andalucía, con medio millón de votos más que en las autonómicas, y con los naranjas por delante de los conservadores por primera vez, aunque desde San Telmo aseguran que no afecta a su labor.

PP y Cs firmaron dos documentos, uno de legislatura con 90 puntos y otro para los 100 primeros días, con 21 medidas que ya han dado por satisfechas. Entre esas iniciativas, se ha aprobado la bonificación al 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para todos los parientes directos y una rebaja progresiva del tramo autonómico del IRPF que tendrá un impacto de 149 millones a partir de 2023. La rebaja fue calificada por la oposición como una bajada de impuestos «para ricos».

También se encargó una auditoría a la Intervención General sobre los entes instrumentales de la Junta, que concluyó que hay duplicidades de las funciones de estas agencias con las consejerías.

El presidente Juanma Moreno garantizó que no habrá «despidos ideológicos» en esas agencias (donde PP y Cs denunciaban desde la oposición que se contrataba a «enchufados del PSOE»), pero estudiará caso a caso.

Moreno y Juan Marín -vicepresidente- también se comprometieron a estudiar la renovación de la RTVA, un asunto para el que hicieron su propuesta, e incluso dieron un ultimátum, pero que todavía sigue en negociación con el resto de grupos. También aprobaron la extensión de la tarifa plana para autónomos e iniciar los trámites para limitar los mandatos a ocho años.

La comisión de la Faffe para investigar el uso de tarjetas de dinero público en prostíbulos ya está en marcha en la Cámara.

Además, se aprobó impulsar un acuerdo contra la violencia machista, aunque esa medida todavía no se ha desarrollado, y ha tenido que enfrentarse durante estos 100 días a las críticas en este ámbito por ambos lados, ya que PSOE y Adelante le acusan de plegarse a Vox y la formación de extrema derecha reclama más contundencia.

En materia de inmigración, el Gobierno ha iniciado los trámites para la elaboración de un plan con el objetivo de mejorar la coordinación con el Gobierno de la nación en políticas migratorias y evitar la «dispersión» de los recursos.