El Ayuntamiento de Valladolid tan solo ha ingresado a fecha de hoy 5.000 euros del total de 260.000 con que los cuatro condenados por el denominado 'Caso Samaniego' han de resarcir al consistorio en concepto de indemnizaciones por la adjudicación de obras menores municipales de forma irregular entre 2011 y 2014 al grupo de empresas del que fuera jefe de Mantenimiento.

Aunque los condenados han ido realizando distintos ingresos en una cuenta de la Audiencia Provincial, en una cantidad próxima a los 100.000 euros, hasta el momento el Ayuntamiento ha recibido únicamente poco más de 5.000, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, las mismas que también han apuntado que ninguno de los implicados ha ingresado todavía en prisión.

En este sentido, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana, como tribunal sentenciador, ya acordó suspender la ejecución de la condena en el caso de Miguel Ángel Rodríguez Patín, contable del grupo de empresas familiar, y de Luis Javier, hijo del principal inculpado, quienes fueron condenados a dos años de cárcel más tarde reducidos por el Tribunal Supremo a un año, tres meses y un día.

Dicha suspensión se mantendrá en tanto en cuanto sigan pagando las indemnizaciones acordadas y no vuelvan a delinquir en el pazo de los tres próximos años.

Por su parte, los otros dos condenados, Luis Alberto Samaniego y Antonio Bernardo Samaniego, a los que la Audiencia Provincial impuso siete años y nueve meses y cuatro años y nueve meses, respectivamente, rebajadas también por el Supremo a cinco años en el primer caso y en el segundo a tres años, tres meses y un día, están a la espera de conocer si el tribunal les aplicará o no la misma suspensión que a los anteriores, una decisión que se espera inminente.

QUINCE AÑOS SIN QUEJA ALGUNA

Durante el juicio celebrado en 2019 en la Sección Seguna de lo Penal de la Audiencia de Valladolid, Luis Alberto Samaniego y su hijo, Luis Javier, como cabezas del clan familiar, defendieron la legalidad de sus operaciones y lo ajustado de sus facturas y coincidieron al señalar, en palabras del primero, que en "quince años de trabajos para el Ayuntamiento jamás ha habido queja alguna".

Padre e hijo vinieron a indicar que la contratación de sus empresas por parte del Ayuntamiento, más de una docena, para la realización de obras menores fue absolutamente legal, una práctica "de toda la vida, desde la década de los setenta", con sus mercantiles y otras de la competencia.

"Hemos estado trabajando quince años porque todos esos servicios ofrecidos eran baratos y buenos", incidió Luis Alberto Samaniego, quien insistió en que "nunca jamás en la vida ha habido una queja ni se ha abierto expediente alguno porque no se hubiera ejecutado una de las obras ejecutadas o se hubiera aplicado un sobrecoste".

Sin embargo, las acusaciones imputaron a Luis Alberto Samaniego, desde su cargo de jefe del Centro de Mantenimiento, encargado de gestionar y contratar la realización de pequeñas obras, haber formalizado en el periodo investigado, entre 2000 y 2014, un total de 1.316 facturas en favor de empresas familiares por importe de 11 millones de euros, de ellos más de 9,5 millones por contratos menores.

Y ello, a sabiendas de que dicha actuación la tenía prohibida por razón del cargo que ostentaba, y sin poner en conocimiento del Ayuntamiento dicha circunstancia, y con el consiguiente beneficio propio y de su entorno familiar, a lo que la juez instructora del caso añadió en su momento que en unos casos las facturas hacían referencia a trabajos ni siquiera ejecutados, en otros casos a obras efectuadas por funcionarios municipales y en otros a tareas que no se correspondían con las realizadas.