Así se estafaron 680 millones

Leticia Ortiz (SPC)
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La histórica sentencia de la pieza política de los ERE sostiene que los ex altos cargos autonómicos condenados crearon y permitieron una trama corrupta para asignar las subvenciones de forma arbitraria

Así se estafaron 680 millones - Foto: Raul Caro

Antonio Fernández García comenzó a trabajar, según reza en su expediente que figura dentro del ERE aprobado por la Junta de Andalucía a la bodega jerezana de González Byass, el 15 de julio de 1956. Así pues iba a recibir más de 386.000 euros antes de la edad de la jubilación al haberse visto afectado por la quiebra de la compañía en la que, según los documentos, estaba empleado. Aquel informe con el que se otorgaba una ayuda a la empresa de 19,7 millones de euros, que iban a salir de la partida presupuestaria 31.L, conocida como fondo de reptiles, llevaba su firma. Curiosamente, ese 15 de julio de 1956 fue el día en el que nació Fernández García, que según ese papel trabajó desde el momento en el que vino al mundo. Nunca llegó a cobrar la subvención porque los investigadores destaparon antes una de las tramas corruptas más importantes -por causas abiertas, dinero defraudado y personas imputadas- de la democracia española. La rocambolesca historia de Fernández, exconsejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 que sí trabajó en González Byasss, pero solo un breve tiempo cuando era estudiante de Derecho, es una de las muchas que recoge la sentencia del conocido como caso de los ERE que, después de nueve años de investigación, vio la luz el pasado martes.
Un fallo judicial que acredita la creación de una trama corrupta para asignar las subvenciones públicas de forma arbitraria y que tenía, además, la bendición del Gobierno socialista andaluz. «La resolución de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Ejecutivo en su conjunto», remarca la sentencia. Según los investigadores, en una tesis respaldada por la Audiencia de Sevilla en su veredicto -ante la que cabe recurso-, el sistema para defraudar dinero público era relativamente sencillo, dentro de la complejidad que se ejemplifican en las 187 piezas de la causa que aún se encuentran en período de instrucción.
 En el año 2000, tal y como reza el fallo, la Junta concede una «subvención excepcional» a la empresa cárnica jienense Hijos de Andrés Molina SA. Pero el expediente es rechazado por Intervención, el departamento que se encargaba de controlar el reparto de ayudas públicas. El Gabinete regional teme entonces que se rompa la paz social en la región, ya que en esos años se acumulaban los cierres de grandes compañías. Unos ceses de actividad que, sin las ayudas millonarias, podían crear conflictos sociolaborales con repercusión electoral para el PSOE, precisamente en uno de sus feudos históricos donde hasta 2012 los socialistas siempre habían ganado en los comicios autonómicos. Ante esta tesitura, el Gabinete, liderado entonces por Manuel Chaves, decide agilizar el sistema eliminando los mecanismos de control establecidos y cruzando la línea de la legalidad.
 La Justicia cifra en 680 millones de euros el volumen global del saqueo de los ERE. Este dinero, incluido en los Presupuestos de la Junta de Andalucía a través de cambios legislativos tramitados por la Consejería de Hacienda, que presidía Magdalena Álvarez y que se mantuvieron con José Antonio Griñán al sucederla en el cargo, fue administrado de forma arbitraria por los socialistas en favor de empresarios afines, que presentaban supuestos expedientes de regulación de empleo a cambio de cobrar ayudas que no eran publicitadas por los cauces habituales. Durante el proceso de autorización administrativa no habían ningún mecanismo de control e intervenían distintas consejerías de la Junta, sindicatos, empresarios e intermediarios -empresas de seguros, despachos de abogados o sindicalistas que actuaban como conseguidores- que percibían comisiones por su labor. Su papel e importancia en la trama corrupta será juzgada en el resto de piezas, puesto que, de momento, la única con sentencia es la que hace referencia a los cargos políticos que idearon y permitieron el sistema para desfalcar las arcas públicas. 
red clientelar. Así, la Junta ofrecía su producto a empresas particulares (en situación crítica o que simplemente quisieran ahorrarse el coste legal de los despidos) a través de intermediarios que se llevaban comisiones superiores a las habituales por su trabajo. Los empleados de las firmas elegidas, y un número indeterminado de intrusos que jamás habían pisado por las instalaciones de las empresas, eran despedidos y las indemnizaciones y, en su caso, los planes de prejubilación, pasaban a ser sufragados con el presupuesto autonómico.
 Las subvenciones no las cobraron todas las empresas que estaban en crisis durante el período investigado por la Justicia, sino únicamente aquellas sociedades mercantiles elegidas por la Junta y las direcciones provinciales del PSOE, que aprovechaban los trámites para incorporar como beneficiarios a familiares y personas sin relación laboral con las entidades, creando así una red clientelar, según reza en la sentencia. De hecho, en muchas ocasiones, el dinero ni siquiera llegaba directamente a los empleados, ya que eran los responsables de las compañías quienes repartían sin control alguno las subvenciones.
Una trama corrupta amparada por 21 ex altos cargos de la Junta socialista que ahora han recibido el castigo judicial por sus acciones.