Si hay una jurisdicción que tiene preocupados al grueso de los agentes jurídicos es la laboral; en Valladolid y en toda España. Nadie pone en duda ese axioma que dice que los juzgados de lo Social pueden sufrir una segunda pandemia a la que el Gobierno de Pedro Sánchez desactive el sistema de expedientes de regulación temporal de empleo que lleva año y pico sosteniendo el mercado laboral, durante toda la crisis económica generada por el coronavirus. Dicen que será en septiembre o que quizá podría alargarse hasta diciembre, pero, sea cuando sea, lo único que parece indudable es que, después de quitar la red que ha mantenido decenas de empleos sobre la cuerda floja, habrá muchísimos daños... en forma de despidos.
Y es ahí donde llegará la temida avalancha para la jurisdicción Social. Las demandas podrían dispararse como ya lo hicieron tras la crisis económica de finales de la primera década del siglo XXI y los juzgados de Valladolid no llegarán precisamente al día, como para afrontar esa escalada de asuntos. Actualmente son los juzgados que señalan vistas con más dilación, para enero de 2022, aunque ello «no sea un plazo desmesurado si se analiza lo que hay en otras provincias», señala Raúl Franco, delegado de CCOO en los Juzgados. Los juicios de despidos, por ejemplo, se ven en ‘solo’ cuatro meses.
Pero la realidad es que el atasco creció un 26% en el último año y supera los 3.500 asuntos, sin que todavía se aprecien los efectos de la entrada en servicio, en enero de 2020, del juzgado de lo Social 5. El problema radica en lo que arrastran los otros cuatro y ese temor a una avalancha que nadie se atreve a ponerle cifras.
El juez decano de Valladolid, Emilio Vega, dice que se espera un «incremento exponencial» tanto en Social como en Mercantil. En el último caso, la solución llegaría a través de un segundo juzgado que se va a crear este año, mientras que en el primero «está previsto que los juzgados se refuercen con lo que se ha denominado ‘equipos de asignación dinámica’, formados por un magistrado, un letrado de la Administración de Justicia y los funcionarios necesarios que darían apoyo a los juzgados de lo Social», explica Emilio Vega, quien admite desconocer aún «cuándo entrarán en funcionamiento».
Ministerio, CGPJ y TSJCyL han tratado de anticiparse con estos ‘equipos de asignación dinámica’, con los que se pretende apoyar esa futurible sobrecarga. Raúl Franco explica que «la idea es que refuercen a los juzgados de lo Social 1, 2, 3 y 4, dejando al margen al 5, ya que, al no tener atasco, no necesita el apoyo» y pone de manifiesto las dudas que han surgido entre los funcionarios en torno a esos equipos, provocadas fundamentalmente por «la falta de concreción del Ministerio, que no dice ni cuánto tiempo, ni cuánto va a pagar». «En principio hay elegida una magistrada que ahora está en Zamora, esperando a que se creen los equipos, y aunque inicialmente había 14 funcionarios voluntarios, ahora ya solo quedan ocho, y esto es un número insuficiente a todas luces», argumenta el delegado de CCOO, que explica que «se les dijo que se haría con prolongaciones de jornada, pero la gente tenía dudas y se ha ido borrando de esa lista de voluntarios, y ahora tienen que tomar alguna determinación, pero lo que está claro es que hace falta más personal para que los equipos surtan efecto».
refuerzos. En la misma línea, el presidente de la Audiencia, Javier Carranza, cree que los juzgados y tribunales vallisoletanos necesitan refuerzos. «Lo peor está por venir para la Administración de Justicia», advierte, porque «cuando finalicen los ERTE, cesen las moratorias en los concursos y desaparezcan las demás medidas temporales de protección de los deudores surgirá un aluvión de pleitos en materia laboral, concursal y civil». «Esperemos que el Ministerio de Justicia dote a los juzgados y tribunales de los medios personales y materiales necesarios para afrontar este segundo reto».