A menudo caemos en el error de pensar que España es un país con un sentido de la picaresca muy por encima del resto de las naciones en lo que se refiere a pagar impuestos y declarar los mínimos beneficios empresariales posibles. Sin embargo, la realidad es muy similar en las economías avanzadas donde, cumpliendo con la más absoluta legalidad, los ciudadanos hacen uso de lo que se conoce como ingeniería financiera para pagar lo menos posible a Hacienda.
En este sentido, la ley permite a los empresarios hacer uso de herramientas financieras con un tipo fiscal mínimo como las sociedades patrimoniales, las ETVE, las sociedades no residentes, las SICAV, las fundaciones o, incluso, los paraísos fiscales donde, por ejemplo, las empresas del Ibex tienen actualmente 805 firmas filiales que suponen una pérdida recaudatoria para las arcas públicas que alcanza los 3.250 millones de euros y, sin embargo, son absolutamente legales.
De esta forma, las sociedades patrimoniales, cuyos beneficios provienen básicamente de la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario, disponen, además, activos en valores y derechos. Tienen también la particularidad de que pueden funcionar con total normalidad a la hora de escriturar casas, empresas, inversiones o terrenos sin tener trabajadores contratados, lo que les coloca en una posición de privilegio ante la ley, ya que figuran como firmas sin actividad empresarial y, por tanto, no están obligadas a presentar las cuentas en el Registro Mercantil. Es más, en el caso de una inspección, la mayoría de las veces prefieren pagar una sanción, que va desde los 1.201 a los 60.000 euros, que mostrar los libros de la contabilidad de su negocio a la Agencia Tributaria.
Son famosos los casos que han trascendido en la prensa de este tipo de sociedades como, por ejemplo, el expresidente Felipe González que, a través de la consultora Lalcón de la que tenía el 78% de las acciones, dejó de rendir cuentas desde 2005; Belén Esteban hizo lo propio con sus dos empresas patrimoniales, Beandre Patrimonial y Producciones Bem SL; el exfutbolista Raúl tuvo también una llamada Europa Scar Sport SL; Iker Casillas centralizó con esta fórmula el dinero que obtenía de publicidad en la firma Ikerka SL; Fernando Torres funcionaba con su compañía Fernando 9 Torres SL; José María Aznar utilizaba Famaztella para reducir los impuestos que paga por sus libros, discursos o conferencias.
Así, ante los incontables casos que se han dado en España, la Agencia Tributaria alertó de los riesgos de estas sociedades y publicó un informe explicando las consecuencias que podían llevar aparejadas contingencias regularizables en el IRPF, en el impuesto sobre Sociedades, en el IVA y en el impuesto sobre el Patrimonio.
En el caso de las SICAV, que invierten su capital en activos financieros, tan solo tributan sus beneficios al 1%, en vez de el 28% de la mayoría. En la actualidad, hay inscritas unas 3.347 que, en conjunto, acumulan un patrimonio de más de 26.000 millones de euros, es decir, la mitad de la capacidad de ahorro que tiene España. Las principales fortunas del país utilizan esta fórmula, desde Pedro Almodóvar y su familia que tienen 4,7 millones de euros en una SICAV, a personas tan conocidas como la familia Botín, la farmacéutica Roche, seguros AXA, Warner Media..., etc.
El empresario Amancio Ortega cerró dos de sus SICAV en 2010, Keblar y Alazán Inversiones, que llegaron a reunir 163 millones de euros. Ahora tiene otras dos sociedades de este tipo con más de 500 millones de euros, Breixo y Soandres Activos, siendo esta última la tercera SICAV con más patrimonio de España, al declarar al fisco 320 millones de inversión.
Alicia Koplowitz tiene la SICAV Morinvest con 473 millones o, la familia Del Pino (Ferrovial), es dueña de Allocation con 410 millones.
En 2017, las grandes empresas tributaron en España a un tipo efectivo sobre el resultado contable en el impuesto de Sociedades del 7,7%, casi dos décimas menos que en el ejercicio anterior, mientras que las medianas lo hicieron al 14,1% y las pequeñas al 18,4%, según las cuentas anuales publicadas por la Agencia Tributaria, que informó que el tipo medio se situó en el 10,7%.
Así, las industrias con más de 5.000 empleados pagaron por Sociedades el 4,6% de los beneficios, frente a las que cuentan con plantillas de entre 2.500 y 5.000 que fue el 8,4%; del 7,9% entre las que registran entre 1.000 y 2.500 operarios, el 11,5% las que tienen entre 500 y 1.000, y de un 15,6% las que están entre 250 y 500 asalariados.
Ante esta realidad, la Agencia Tributaria anunció el pasado enero que lanzará un plan para verificar las deducciones de las empresas en el que subrayó que pondrá el foco en los nuevos negocios digitales, aumentará las visitas a las corporaciones y las inspecciones a los grandes patrimonios que presenten rasgos de opacidad o deslocalización en coordinación con la Unidad Central de Coordinación de Control de Patrimonios Relevantes.
Coto a la opacidad
Mientras, el CGPJ y los registradores han firmado un convenio de colaboración que permitirá a los juzgados y tribunales acceder a los datos sobre la titularidad real de entidades inscritas en los registros mercantiles a través de sistemas alternativos que debe ofrecer el Colegio de Registradores y terminar con la opacidad que existe actualmente en España.
La principal novedad es la inclusión de una declaración obligatoria mediante la cual las sociedades mercantiles deben identificar ante el registro a los titulares últimos o reales de los capitales que representan.