Los casos de mediación de conflictos gestionados por la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid crecieron por encima del cien por ciento en 2020; aunque en algunas áreas concretas esta evolución se disparó hasta un 600 por ciento. Así lo aseguró el presidente de la entidad cameral, Víctor Caramanzana, quien inauguró una jornada para analizar el papel de estas corporaciones de derecho público en la mediación como instrumento de solución de estas diferencias tras la crisis sanitaria generada por la pandemia del COVID-19. El foro fue clausurado por el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez.

Caramanzana recordó, en declaraciones a Ical, que las cámaras tienen asignado por ley, desde 2012, la mediación. En el caso de la vallisoletana, añadió, “está muy implicada”, principalmente desde 2019, “con cuestiones de ámbito social, contenciosos y civiles, cuestiones que se han incrementado con la llegada del COVID-19”. “Las cámaras no solo miramos por los intereses de las empresas, sino que tenemos un componente social. Es en este momento cuando es más necesario hacer hincapié y promocionar y publicitar la mediación, porque van a quedar muchos conflictos fuera del ámbito judicial gracias a ello. Esperemos estar en la fase final de la pandemia”, confió.

La institución cameral destaca por el fomento de la mediación y el arbitraje en todos los ámbitos y, en la actualidad, trabaja en la puesta en marcha de un programa para la implantación de la mediación en lo Social en las diferentes instancias judiciales de Valladolid, configurándose como una mediación intrajudicial que se inicia a propuesta de la magistratura para que las empresas y los trabajadores puedan llegar a un acuerdo antes de que se inicie o finalice el procedimiento judicial.

En este sentido, el proyecto posee una gran relevancia en el escenario que se ha producido como consecuencia del COVID-19, ya que pone a disposición de los trabajadores y pymes una nueva herramienta útil en la resolución de conflictos ante el posible colapso de la tramitación judicial por el incremento del número de expedientes debido a ERTEs y despidos.

De hecho, el Consejo de Gobierno del 24 de junio de este año aprobó una subvención directa de 10.000 euros de la Junta a la Cámara para financiar gastos derivados de actividades realizadas en 2021 dirigidas a la promoción e implantación de la mediación y el arbitraje en lo Social como medios idóneos para la resolución de conflictos.