El Gobierno ha roto el consenso para concretar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) de las pensiones que sustituirá en 2023 al derogado Factor de Sostenibilidad y que reclamaba Bruselas. Escrivá ha acordado con los sindicatos su plan para hacer frente a las jubilaciones del denominado baby boom, que supone un aumento en las cotizaciones del 0,6% entre el reseñado año y 2032, pero que no ha contado con el respaldo de una patronal que deberá asumir el 0,5% del incremento, mientras que el 0,1% restante recaerá sobre los trabajadores. 

El MEI tiene como objetivo que la maltrecha hucha de las pensiones, que ya sólo cuenta con algo más de 2.000 millones de euros, vuelva a llenarse, aunque para muchos es solo un parche más, de carácter finalista, que no va aparejado a una profunda reflexión sobre las medidas y los ajustes que hay que llevar a cabo para garantizar la sostenibilidad del actual sistema. 

El rechazo unánime de la CEOE es un toque de atención para un Ejecutivo que, pese a las exigencias de la UE de alcanzar el mayor consenso posible en este asunto, ha preferido imponer su postura, sin escuchar las demandas de una patronal que ya ha advertido que hacer recaer casi la totalidad del peso del repunte en las empresas va a tener efectos negativos en la creación de empleo. La derogación del factor de sostenibilidad, que limitaba la subida de las pensiones, y la consiguiente aprobación en el mes de julio del nuevo mecanismo que liga esa revalorización a la inflación no van a servir para controlar el desembolso que se realiza para cubrir las prestaciones, sino que lo van a aumentar de manera considerable.

Los sindicatos han salido a respaldar al Gobierno y, por boca del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, han criticado a la patronal, ya que consideran que desde 1982 los empresarios han visto como se rebajaban las cotizaciones cuatro puntos. Mientras, desde la asociación de Trabajadores Autónomos, ATA, han arropado a la patronal, advirtiendo que las empresas, muy castigadas ya por las subidas de la luz, los combustibles o los costes laborales, no pueden asumir más presión fiscal. El Gobierno, que se defiende afirmando que el Estado del Bienestar hay que pagarlo, considera que el mecanismo es una «válvula de seguridad» que refuerza la sostenibilidad del sistema, aunque el Banco de España ha puesto en duda el plan del Ejecutivo si la previsible subida del gasto de las pensiones, ligadas al IPC, no se compensa con otras actuaciones de mayor calado.

El consenso para dar 'luz verde' a una reforma como la de las pensiones es fundamental y que la patronal se levantara de la mesa de negociación marca un antes y un después, rompiendo un diálogo social que será difícil de reconducir en el futuro.