Fractura entre Gobierno y Guardia Civil

Agencias - SPC
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La instrucción sobre la movilización del Día de la Mujer que ha sido archivada derivó en una crisis entre Interior y el Instituto Armado cuyas consecuencias aún están por dilucidar

Fractura entre Gobierno y Guardia Civil

La investigación, a raíz de una querella del abogado Víctor Valladares, de la actuación de la Delegación del Gobierno de Madrid permitiendo diversos actos multitudinarios en la capital,  sobre todo la manifestación del 8-M, generó una crisis entre Ministerio del Interior y la Guardia Civil cuyas consecuencias aún están aún por dilucidar.
La fractura entre el Gobierno y el Instituto Armado arrancó cuando la jueza Carmen Rodríguez-Medel, a quien recayeron las diligencias por reparto, comisionó a la Guardia Civil para realizar un informe sobre lo ocurrido, con la advertencia de que los agentes -que se quejaron por el retraso en la entrega de documentación del Ministerio de Sanidad- solo podían comunicarle a ella las pesquisas. Así se lo comunicó la magistrada al Departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska el pasado 25 de mayo, en un escrito en el que recordaba las consecuencias penales si no se respetaba su orden de confidencialidad.
Sin embargo, ese mismo día  trascendió el cese fulminante como jefe de la Comandancia de Madrid de Diego Pérez de los Cobos, al que la noche anterior le había apartado del cargo en una conversación telefónica la directora de la Guardia Civil, María Gámez. La decisión levantó inmediatamente un fuerte malestar dentro de la cadena de mando del Instituto Armado, al entender que se había producido una injerencia política para conocer el informe sobre el 8-M. Según fuentes cercanas al coronel cesado, antes de la llamada de la directora de la Benemérita, se habían producido, al menos, otras dos conversaciones en la que mandos superiores habían instado a De los Cobos a informar de los detalles de una investigación «muy delicada para el Ejecutivo». El coronel se habría negado a facilitar unos pormenores que, además, desconocía.
adiós como protesta. En medio de las filtraciones a la prensa sobre el primer informe de la Policía Judicial, con críticas por algunos errores incluidos en sus diligencias, trascendió la dimisión del director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, teniente general Laurentino Ceña, como muestra de  desacuerdo por el cese de Pérez de los Cobos.
Al día siguiente de la dimisión del DAO fue relevado el otro teniente general al frente de las cuestiones operativas del Cuerpo, Fernando Santafé, Mando de Operaciones. Según fuentes del Instituto Armado, el teniente general estaba muy molesto con la sustitución de Ceña por un mando de rango inferior al suyo, ya que por tradición en la Benemérita -que es un Cuerpo que sigue manteniendo la estructura militar- ese cargo le debería haber correspondido a él. 
Después de varias explicaciones confusas (en un primer momento limitadas a una reestructuración de la cadena de mando de la Benemérita), el ministro Fernando Grande-Marlaska atribuyó el cese de De los Cobos a la filtración del informe a la prensa (fue publicado antes de que lo recibieran las partes procesadas en la causa), pero la oposición acusó al Gobierno de un intento de injerencia en la labor judicial y reclama su cese o dimisión.
Esa tormenta política dio una inesperada relevancia a un procedimiento judicial que hasta el momento había tenido escaso eco mediático y que tenía visos de acabar en archivo, como finalmente ocurrió ayer. Incluso Vox acudió a los tribunales para actuar contra los responsables directos del cese, el secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, y la directora de la Guardia Civil, María Gámez.