El Consejo Asesor de Memoria Histórica de Castilla y León, en su última reunión, celebrada el pasado 29 de abril, realizó una valoración positiva de las actuaciones promovidas hasta el momento por el Gobierno autonómico en materia de memoria histórica y democrática de Castilla y León. Sin embargo, también advirtió de la “importancia” de “seguir avanzando en la reparación moral, en el reconocimiento y en la recuperación de la memoria personal de quienes fueron víctimas de la guerra civil y la dictadura”.

Por ello, acordaron solicitar al Gobierno de la Comunidad de Castilla y León que se forme tras las elecciones del próximo 26 de mayo que asuma desde lo público el conjunto de actuaciones que en materia de memoria histórica ha desarrollado, hasta ahora, la sociedad civil y especialmente las asociaciones para la defensa de la memoria histórica.

También le pedirán que ponga en marcha una adecuada estructura política y administrativa para desarrollar las políticas de memoria histórica y, por último, que lidere el impulso y aprobación de un proyecto de ley que aborde la memoria histórica en Castilla y León.

El Consejo decidió comunicar este acuerdo tanto a los grupos políticos representados en las Cortes de Castilla y León como al vicepresidente de la Junta de Castilla y León para que se traslade al próximo Gobierno.

Desde el gobierno regional, señalan en un comunicado recogido por Ical que el Consejo Asesor de la Memoria Histórica se configura como un órgano colegiado, adscrito a la Consejería de la Presidencia, de carácter consultivo en todas aquellas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, de su normativa de desarrollo y del Decreto 9/2018, de 12 de abril.

Entre sus funciones se encuentran asesorar, dirigir recomendaciones y elaborar propuestas de estudio, divulgación e investigación y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo en Castilla y León en materia de memoria histórica, conocer las ayudas económicas concedidas a las entidades para la defensa de la memoria histórica e informar los mapas de los terrenos en los que se localicen los restos de las personas a que se refiere la Ley 52/2007, de 26 de diciembre.