El plan municipal para el desarrollo urbanístico de Valladolid en los próximos doce años contiene medidas como la integración de las vías del tren, pero también peatonalizaciones en el casco histórico, la regeneración de áreas industriales como el polígono de Argales, la creación de nuevos polígonos y áreas residenciales, además la creación de nuevas áreas verdes. Todo un conjunto de actuaciones, que se detallan en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pendiente de su aprobación definitiva por la Junta de Castilla y León, que tendrán un coste de 250 millones de euros para las arcas municipales, según la memoria económica que forma parte del nuevo planeamiento.
Esta «estrategia territorial» fijada por el equipo de Gobierno municipal para «alcanzar» lo que pretenden que sea «la ciudad del futuro» plantea tanto «actuaciones aisladas de ajuste» en el denominado suelo urbano consolidado, que son aquellos terrenos que reúnen las condiciones y desarrollo legalmente exigido para ser considerados solares, como «actuaciones integradas» en el no consolidado, que es el suelo que no ha alcanzado plenamente la condición de solar y necesita todavía de tramitación administrativa, y también en el suelo urbanizable.
Las nuevas áreas de desarrollo o de regeneración urbana previstas en la capital conllevan una serie de gastos tanto para el Ayuntamiento, como para los promotores privados que desarrollen nuevos proyectos en ellas, pero también para otras administraciones públicas, que deben asumir costear, por ejemplo, nuevas infraestructuras en ellas. Además, el nuevo planeamiento urbano también ordena los conocidos como sistemas generales, que agrupan los espacios libres públicos, los equipamientos, los servicios urbanos y las infraestructuras.
Así, en la memoria económica se detalla que el coste para el Ayuntamiento de las actuaciones prevista en las red general de espacios libres (más de un millón de metros cuadrados) superará los 20,7 millones de euros. Un presupuesto que se incrementa hasta los 27,5 millones en el caso de la red general de equipamientos (132.329 metros cuadrados) y baja a los 16,6 millones en la red general de servicios urbanos (82.256 metros cuadrados). Por último, la previsión de coste de las actuaciones en la red general viaria (71.820 metros cuadrados) es de 7,1 millones, lo que supone una partida global de más de 72,1 millones de euros.
El apartado económico del nuevo PGOUtambién contempla el gasto en otros proyectos para «mejorar» la ciudad. El más importante de este capítulo es el de la integración ferroviaria, del que el Ayuntamiento asume el 25% del coste, es decir 74,7 millones. El 50% restante lo financiará el Ministerio de Fomento y el otro 25% la Junta. Otra partida muy cuantiosa es la que se deriva de los costes derivados de actuaciones de saneamiento, que supondrán unos 55,8 millones de euros. Las arcas municipales también deberán asumir los 18,8 millones de las actuaciones prevista por el PGOU en el casco histórico de Valladolid, más 14,1 millones de las de abastecimiento, más 12,6 millones de las de viario y un millón de las de riego. En total este capítulo supone 181,3 millones.
¿Cómo financiará el Ayuntamiento todos estos costes? Por un lado, el Consistorio obtiene nuevo suelo gracias a las cesiones obligatorias de un porcentaje de los desarrollo urbanísticos, de hecho en el mismo documento se apunta que el «importante desarrollo de Valladolid ha permitido incrementar su sistema de dotaciones creando un patrimonio municipal de suelo muy significativo».
En la memoria económica se detalla que las vías de financiación serán los recursos propios procedentes del ahorro neto generado por el exceso de ingresos que se destinan a financiar inversiones (superávit) recursos ajenos procedentes del crédito bancarios y los generados por las enajenaciones de los bienes del Patrimonio Municipal de Suelo. Con base a estas vías de ingresos, el Ayuntamiento espera dedicar en los próximos doce años 45 millones de euros para estas medidas, procedentes de ingresos propios y ajenos, y más de 214 millones procedentes de cesiones. Esto supondría que los «los recursos estimados son superiores a las necesidades de inversión previstas», fija el plan.
Cronograma. La programación temporal se fija entre los años 2019-2020 y 2031-2032. En la memoria se afirma que se vinculan «tan solo» las acciones del suelo urbano en los primeros ocho años. Se considera que el desarrollo del suelo urbanizable, con sus correspondientes sistemas generales, no sería preciso «estricto sensu hasta el tercer cuatrienio» y se da preferencia al desarrollo de los espacios intersticiales infrautilizados o sin uso, antes que la ocupación de nuevas áreas sin urbanizar.
Esta declaración de intenciones se traduce también en que el nuevo PGOU contempla suelo para construir unas 40.000 viviendas, una rebaja sustancial respecto al anterior planeamiento porque el objetivo de esta revisión era «la corrección de un modelo urbano excesivamente expansivo», según apunta el concejal de Urbanismo, Manuel Saravia. Así, se considera «prioritarias» las actuaciones de regeneración urbana.