La cruel muerte de Sara Feraru llega al fin a juicio. 630 días, casi 21 meses después del crimen de la pequeña de 4 años, un jurado popular se encargará de impartir justicia en nombre de la niña. La Audiencia Provincial de Valladolid sentará en el banquillo a su madre y al novio de ésta para que expliquen qué pasó la mañana del 2 de agosto de 2017 en el piso de la calle Cardenal Torquemada en que vivía la familia y donde una ambulancia recogió a la menor en estado inconsciente después de ser brutalmente agredida; violada y luego golpeada hasta la muerte.

El vil asesinato de Sara llega el jueves 25 de abril a juicio y su caso será el primero de Valladolid en el que se pueda aplicar la novedosa prisión permanente revisable. Las cuatro acusaciones personadas en el proceso (Fiscalía, padre de Sara Feraru, Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos y asociación Clara Campoamor) piden que el tribunal imponga esa medida a Roberto H.H., al que todas las pruebas sitúan como el autor material de la paliza y de los malos tratos previos, pese a su contumaz negativa. Tres de ellas, además, (todas menos la abogada del padre) reclaman que se haga lo propio con Davinia M.G., quien no estaba en la vivienda familiar en el momento de los hechos, pero a la que se acusa de no haber hecho nada por evitar todas las palizas que, presuntamente, recibió Sara en las semanas previas a ese ataque; la madre sería autora de idénticos delitos porque no lo evitó en lo que, jurídicamente, se tipifica como la comisión por omisión.

ABANDONO DE MENORES

Es más, las tres acusaciones entienden que esta militar profesional de 39 años incluso cometió un delito más que al teórico autor material del crimen, el derivado de su presunta su falta de protección sobre la niña de 4 años: abandono de menores.

Además, el de Sara será el último gran juicio que dirija Feliciano Trebolle antes de su jubilación como magistrado y presidente de la Audiencia Provincial, después de haber juzgado históricos casos de Valladolid, como los crímenes de la niña Olga Sangrador y la joven Leticia Lebrato, así como, en otro ámbito, el ‘macrojuicio’ contra el clan de los ‘Monchines’. Eso sí, el de Sara Feraru será el juicio con jurado popular más largo de la historia de la ciudad, ya que se prolongará a lo largo de más de tres semanas, con la participación de 45 testigos y 12 peritos.

EL ENGAÑO DE DAVINIA

A pesar de que el juicio será ante un jurado popular, Trebolle será el encargado de fijar las penas para los acusados, en base al veredicto que emita el tribunal y que establecerá el relato de hechos probados de un caso en el que se juzgará el papel de la madre como garante del bienestar de la niña, del novio y presunto asesino, y de un modo indirecto, de todo un sistema que se demostró incapaz de proteger a Sara, engañado, eso sí, por la progenitora.

Davinia se disfrazó de víctima de violencia de género cuando se detectó el maltrato de la pequeña Sara, lo que retrasó la activación de un proceso de protección que, sí, acabó en la retirada de la custodia, pero, paradójicamente, se decidió el día de la última paliza; cuando ya era tarde. Durante dos semanas, la madre logró desviar la atención de un sistema que fue alertado por los médicos del Hospital Campo Grande, que dieron la voz de alerta a la Policía y que pusieron el caso en el juzgado y la Fiscalía, pero que no evitaron el fatal desenlace. Sin saberlo, con sus mentiras, Davinia ‘concedía’ 22 días más a Roberto con su hija. Hasta aquella paliza del 2 de agosto de 2017 que resultó mortal.

Él fue quien llamó al 1-1-2 para pedir ayuda a primera hora de esa mañana, cuando se ocupaba del cuidado de las dos hijas de Davinia, de cuatro y doce años, mientras ella cumplía con su servicio en el Palacio Real. El ex mecánico militar de 38 años negó -y ha seguido negando a lo largo de toda la instrucción del caso- ser el autor de las repugnantes lesiones que presentaba la pequeña, avanzadas ya por los médicos del Hospital Clínico, que no pudieron hacer nada más que certificar su muerte a primera hora del 3 de agosto de 2017, y confirmadas días más tarde por la autopsia.

CASI LE ROMPE EL CRÁNEO

El cuerpo de la menor presentaba «numerosas» lesiones antiguas, sintomáticas de malos tratos, así como signos de una doble violación (anal y vaginal) y de una paliza tan brutal que casi le rompe el cráneo. Los forenses creen que Sara Feraru tuvo que ser golpeada hasta la muerte «contra un objeto duro y plano» (el suelo o una pared) y que, por ello, sufrió una «hemorragia cerebral generalizada», que la niña de cuatro año no pudo superar.

Independientemente de que se les aplique a ambos la medida de la prisión permanente revisable, la condena incluirá una serie de años de cárcel sobre lo que pivotarán las sucesivas revisiones de su situación penitenciaria, así como la hipotética excarcelación, si llegase a proceder. Así, la petición más severa es para Davinia M.G., quien se enfrentará a un máximo de 33 años de reclusión, que es lo que pide la asociación de víctimas ‘Clara Campoamor’, ya que, amén de otros matices, añade un delito de lesiones graves por una de las presuntas palizas previas y por el que solicita cinco años. Por su parte, Adavasymt, exige 13 años y la Fiscalía, 25 de cárcel y otros 15 de libertad vigilada. La cuarta acusación, la que ejerce el padre de Sara Feraru, apuesta por la libre absolución de Davinia M.G., pues defiende que no estaba al corriente del maltrato. Es la misma tesis de la defensa de la militar, que sostiene que la madre no sabía nada.

EL PAPEL DE ROBERTO

Las otras tres acusaciones sitúan a un nivel de responsabilidad idéntico a los dos acusados, con la salvedad de que Roberto es considerado autor material y Davinia, en la modalidad de la comisión por omisión. Y hay también matices respecto a cómo se deben calificar jurídicamente las presuntas palizas y agresiones que se documentan durante las semanas previas a la muerte.

Así, tanto la Fiscalía como la Asociación de Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales y Malos Tratos de Valladolid argumentan que Roberto cometió seis delitos de lesiones, uno de maltrato habitual, así como uno de violación a menor de 16 años y el de asesinato, por lo que piden 24 años de cárcel y 15 de libertad vigilada. En cambio, la otra asociación de víctimas personada, ‘Clara Campoamor’, solicita 29 años para el presunto asesino, quien se defenderá negando todo en pos de una libre absolución que se antoja casi imposible, declarando que las lesiones eran anteriores y que no sabe qué pasó aquel 2 de agosto.