Las asociaciones de Investigadores en Formación de la Universidad de León, Innova Salamanca, y de Investigación Activa de la Universidad de Valladolid (Iniciactiva) se dirigieron en un escrito a la Junta de Castilla y León para solicitar medidas para hacer frente a la crisis del coronavirus.
Estas asociaciones, que representan a los jóvenes investigadores, ven necesario que el Ejecutivo autonómico prorrogue los contratos de todas las convocatorias públicas de personal investigador, sea cual sea su fecha de finalización.
Solicitan, además, que la Junta prolongue el plazo de ejecución de los proyectos de investigación en curso y de los contratos que dependen de estos. Las asociaciones también plantean la posibilidad de ampliar la financiación de los proyectos en la medida en la que el estado de alarma haya impactado en sus fondos, como informa Ical.
Este escrito está dirigido a la consejera de Educación, María del Rocío Lucas Navas, y a la viceconsejera de Universidades e Investigación y comisionada para la Ciencia y la Tecnología, Pilar Garcés García. Cuentan con el apoyo de CCOO, CSIF (tanto a nivel nacional como autonómico), UGT- FeSP Castilla y León, STECyL Universidad, la Federación de Jóvenes Investigadores (FJI), Marea Roja, Jóvenes Investigadores de Tenerife, Ciencia para el Pueblo, FPU Investiga, el Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana (STAR), Dignidad Investigadora de la Universidad de la Rioja, Scientists Dating Forum, Ciencia con Futuro y Asamblea por el Futuro de la investigación en Asturies.
Los investigadores destacan que el tiempo de pausa desde que se aprobó el estado de alarma no va a poder recuperarse en muchos casos, por lo que es necesario tratar de paliar los efectos negativos. Señalan que muchos han tenido que paralizar su actividad. Esto se debe a que se ha restringido el acceso a laboratorios, centros tecnológicos y de investigación y a numerosos recursos que no pueden ser sustituidos de forma telemática.
Las asociaciones también piden a la Junta que negocie con las universidades públicas de Castilla y León para que tomen las mismas medidas en sus convocatorias de personal. Del mismo modo, que negocien con entidades financiadoras de la Comunidad para que también prolonguen los plazos de ejecución de los proyectos y los contratos dependientes.