Las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Upa, advirtieron ayer que rechazarán que la PAC compense los daños que sufren los ganaderos por los ataques del lobo, y recordaron que las ayudas europeas son un «dinero legítimo» que recibe el sector primario para compensar el bajo precio que perciben por sus productos y por la pérdida de renta.
La tres organizaciones agrarias hacen un frente común ante la decisión del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico de incluir al lobo en el listado de especies en régimen de especial protección, que impide la práctica cinegética, y reclamaron una reunión urgente con la ministra, Teresa Ribera y el de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, para conseguir una normativa que permita el control de la especie y la supervivencia de las explotaciones ganaderas en extensivo en el medio rural.
Asimismo, exigen al ministro de Agricultura que vía presupuestos se compense a los ganaderos por las pérdidas que sufren por los ataques del lobo y que descarte retraer dinero de la PAC para este fin, como recoge Ical.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, trasladó que si el Ministerio de Transición Ecológica pretende «trincar» el dinero de la PAC para «arreglar desaguisados», y aclaró que deberá ser el de Agricultura quien ponga las medidas necesarias para defender al sector primario.
La posición de la organización agraria pasa porque dónde el lobo cause daños o ponga en peligro la vida humana sea controlado, y agregó que es «utópico y de cuento de Heidi» defender al lobo donde causa daños a la economía humana. Por ello, exigió que en España se racionalice la política de protección al lobo.
Es más, Barato aseguró que el planteamiento de su organización es idéntico al que propugnaba Félix Rodríguez de la Fuente, por ello exigió a la ministra del ramo que establezca un plan, acorde con los que ya están vigentes en las comunidades que tienen población de lobo, para la coexistencia del mamífero depredador y la ganadería extensiva. «Se debe de ver dónde se encuentra el lobo, cómo se encuadra, es decir, establecer un censo de la especie actualizado con base científica para prevenir determinadas situaciones», destacó.
«Idiotez humana»
Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Blanco, fue más allá en la crítica, y subrayó que lo único que amenaza al lobo es la «idiotez humana» y los «grupos ultra» que pululan alrededor de la ministra. De este modo, recordó que las comunidades tienen planes de gestión que han permitido la extensión del lobo, e incluso que haya colonizado otros territorios no históricos.
Para Blanco, la decisión de proteger al lobo obedece al «oportunismo político y postureo de escaparate, a espaldas de la realidad el medio rural», y agregó que los despachos desarrollan un nivel de prepotencia que es «inaguantable».
Por su parte el secretario general de UPA, Lorenzo Ramos, exigió que se implanten medidas de apoyo específicas para los daños que el lobo causa al sector ganadero y que el lobo habite en sus hábitats naturales. En este aspecto, abogó porque un comité científico junto con las opas sean las que determinen cómo controlar el lobo cuando se produzcan ataques. «Las ayudas para compensar las pérdidas de las explotaciones por los ataques del lobo deben llegar desde las administraciones y no vía PAC», redundó.