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El juzgado anula los contratos de limpieza covid en colegios

D.V.
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Vox solicita al alcalde que inicie el procedimiento sancionador contra la concejala de Educación por una actuación deliberada y grave, que atenta contra los principios que rigen la contratación pública

El juzgado anula los contratos de limpieza covid en colegios

Vox solicita la dimisión de la concejal de Educación del Ayuntamiento de Valladolid, Victoria Soto, después de que el magistrado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Valladolid haya declarado nulos los cuatro contratos menores adjudicados por el Consistorio a distintas empresas de limpieza por el trabajo que realizaron en escuelas municipales.

Según informa en un comunicado, se trata del procedimiento judicial que Vox Valladolid inició contra el Ayuntamiento por la vulneración de la Ley de Contratos en la adjudicación de contratos de limpieza extraordinaria COVID de los colegios públicos del Municipio.

Para Vox, ha quedado demostrado que, conforme a lo que denunció, la Concejalía de Educación vulneró la Ley de Contratos (LCSP), fraccionando de forma fraudulenta la contratación del servicio de limpieza COVID en los colegios públicos.

Por ello, exige la dimisión de la concejal de Educación, Victoria Soto, quien asumió personalmente en el pleno del Ayuntamiento toda la responsabilidad de este procedimiento de contratación, y solicita al alcalde que inicie el procedimiento sancionador de una actuación deliberada, grave y que atenta contra los principios que rigen la contratación pública en esta Corporación, como son libertad de concurrencia, igualdad, transparencia y publicidad. 

Así, precisa que con "este método ilegal" la Concejalía pudo contratar directamente los servicios de limpieza, eludiendo todo control administrativo e impidiendo que otras empresas del Municipio pudieran concurrir a la contratación, lo que sin duda hubiera derivado en un ahorro de costes para el Ayuntamiento.

"La ya de por si grave actuación de la Concejalía de Educación derivó en un total y absoluto desprecio de la legalidad cuando, finalizados los contratos señalados, se ordenó verbalmente a las empresas que continuaran prestando el servicio", asevera.