El Tribunal Constitucional ha avanzado que anulará el método de cálculo empleado para cobrar el impuesto de Plusvalías, lo que se traduce en la imposibilidad de los ayuntamientos de apuntarse una fuente de ingresos muy relevante (solo en la capital burgalesa estaba previsto recibir 10 millones de euros por esta vía en 2022) hasta que el Ministerio de Hacienda establezca un criterio que sí tenga encaje jurídico, algo que nadie puede pronosticar cuándo sucederá.
Lo cierto es que los varapalos a este impuesto, inventado para engrasar la financiación local y socialmente entendido como una mordida injustificable -grava el incremento del valor de un bien adquirido legítimamente en una sociedad de mercado-, vienen de lejos. Ya en 2017 se sentenció que no se podían cobrar plusvalías a los propietarios que habían vendido a pérdidas, algo inédito hasta el estallido de la crisis hipotecaria pero muy extendido durante al menos una década. El culmen de la depredación fiscal fue llegar a girar este impuesto a personas que se vieron abocadas a la dación en pago de sus viviendas por no poder asumir las letras de la hipoteca.
Así pues, los primeros damnificados fueron los ciudadanos. Hubo, claro, muchas reclamaciones. Incluso se libraron batallas judiciales que acreditaron en masa que era ilegal pretender rascar impuestos de operaciones a pérdidas. De hecho, una de las primeras sentencias que se dictaron en ese sentido se firmó en Burgos y obligó al Ayuntamiento de la capital a devolver el principal y los intereses, además de asumir las costas judiciales. Pero muchos otros propietarios sí pagaron y ya no recuperarán su dinero, que ahora sabemos que se cobró de forma inconstitucional.
El devenir de los hechos ha virado el problema hacia los ayuntamientos, entre ellos todos los que se hicieron el sueco ante la injusticia que se cometía contra sus administrados al exigirles un porcentaje por un beneficio inexistente. Suena a justicia poética, aunque ahora el Ministerio parirá un apaño a contrarreloj para no abrir un agujero de 2.500 millones de euros anuales a los municipios con capacidad para cobrar este impuesto. Pero eso no sucederá mañana. Y puede que tampoco este año.
El asunto es serio porque resulta imposible calcular qué parte de los ingresos previstos se verá afectada por este vaivén. La mayoría de los grandes ayuntamientos ya manejan borradores de sus presupuestos para 2022 (año crítico porque las coaliciones tienen una pertinaz tendencia a implosionar en vísperas de las elecciones y conviene tener un presupuesto prorrogable), pero el Constitucional les acaba de decir que no. Que sus cuentas no valen. Ahora, a verlas venir.