La Comisión de Empleo e Industria de las Cortes aprobó este lunes con los votos a favor de PP, Cs y Por Ávila que el Gobierno central elabore una ley de emprendimiento y economía social, en una iniciativa afeada por el Grupo Socialista, que se abstuvo, porque ya existe esa norma aprobada bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En la proposición no de ley, defendida por la procuradora de Ciudadanos Inmaculada Gómez se insta a la Junta para que a su vez se dirija al Gobierno a la elaboración de un proyecto de ley que regule el emprendimiento social y la empresa social teniendo como punto de partida la definición que de ella hace la Comisión Europea.

Sería el ámbito de aplicación, los principios orientadores y las medidas para el fomento de las empresas sociales en la Comunidad, así como un registro público de estas empresas, configurando un sello que identifique a las empresas sociales que cumplan con los requisitos que las caracterizan, precisa la PNL

Una ley que además regule el establecimiento de deducciones fiscales para estimular la creación de empleo por parte de empresas y emprendedores sociales en áreas rurales, sostuvo Gómez, que estimó que esta ley facilitaría el crecimiento de las empresas de economía social, recogida por la procuradora del PP María José Ortega.

El socialista Luis Briones manifestó que Cs se ha equivocado porque el marco jurídico existe en la ley de Economía Social aprobada en marzo de 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Briones leyó varios artículos de la ley en los que se recogen lo que plantea la formación naranja e incluso se proponen bonificaciones.

“Es un disparate jurídico, va contra la ley vigente”, anotó el socialista, que vio “bien intencionado el texto” pero notó “una posición frentista”, a la vez que su grupo se mostraría “gustoso” en apoyar modificaciones a esa norma y se refirió a cambios planteados por el Gobierno andaluz en 2018. “La ley está vigente y hecha, cabe actualización o modificación”, resumió.

Por su parte, Gómez manifestó que es una petición de colectivos del sector por considerar que hay lagunas en una transposición europea y mantuvo el texto pese a los argumentos del socialista, que reclamó una ley propia de la Junta.

“Es un modelo fundamental que en España no termina de arrancar”, afirmó Pedro José Pascual, procurador del Grupo Mixto (Por Ávila) al dar su apoyo a la propuesta de Ciudadanos, que destacó en especial que “se ponga el foco” en el mundo rural para que los vecinos puedan poner en valor los muchos recursos existentes en estas áreas.

Accidentes laborales

En otra proposición no de ley, presentada por el Grupo socialista y aprobada por unanimidad con una enmienda de Ciudadanos, se acordó mantener las campañas de publicidad institucional sobre la prevención de riesgos laborales y crear una cultura de la prevención en Castilla y León.

El procurador socialista Pedro González manifestó que de enero a septiembre se han registrado 45 muertes, 13 más que en el mismo periodo del año pasado, suponiendo un incremento del 40,6 por ciento, y un 400 por cien en itinerario, “unas cifras preocupantes”. “Es de vital importancia la aprobación de esta iniciativa”, afirmó.

Reconoció la procuradora Inmaculada Gómez (Ciudadanos) el aumento de la siniestralidad laboral en este año aunque lamentó que el PSOE solo mire en una dirección, en relación a la precariedad laboral derivada de la reforma de 2012, como indicó el socialista.

Así, explicó la campaña de la Consejería de Empleo e Industria sobre la “vuelta segura a casa” y abogó, a través de una enmienda para mantener las campañas desde el diálogo con los agentes sociales y por fomentar la cultura de la prevención.

Pedro González rebatió el argumento de Gómez de que no exista una relación directa entre los accidentes de trabajo y la reforma laboral y añadió que la enmienda se puede aceptar, aunque no tiene “confianza alguna” cuando se produce un incremento con una menor actividad.