El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, tendrá que responder en el próximo pleno de las Cortes, que arranca el martes 22 de octubre y continúa el miércoles 23, sobre las medidas que está adoptando su gobierno para resolver la situación de la sanidad pública, así como sobre la crisis catalana, pues Vox le pedirá que solicite la ilegalización de los partidos separatistas y que los CDR (Comités de Defensa de la República) sean inscritos en la lista de organizaciones criminales y terroristas.
Asimismo, los socialistas preguntarán a la Junta si comparte el criterio de que el 20 por ciento de la riqueza de Castilla y León se va en fraude y corrupción, sobre si sus medidas son equitativas, la calidad de los servicios en el medio rural, las reclamaciones sanitarias, el trato que reciben los profesionales sanitarios, las ayudas ortoprotésícas, el “retraso” en las obras del Hospital de Palencia, la aprobación del Plan Estratégico de Enfermedades Raras y las plazas de personal laboral de educación especial.
UPL llevará al pleno el cumplimiento el artículo 5.2 de Estatuto de Autonomía y Pablo Fernández, de Podemos, el incremento de la deuda pública, que advirtió alcanza ya los 12.708 millones de euros, sin que a su juicio eso mejore los servicios. Además, las interpelaciones correrán a cargo de los socialistas, que las dedican a la función pública, con la demanda de las 35 horas, la carrera profesional y otros derechos, y a la inclusión, debido al riesgo de pobreza y exclusión social que presenta la Comunidad. Las mociones se centrarán en la administración local -Grupo Socialista- y la dependencia -Podemos-.
Sanidad y entes públicos
El Grupo Socialista, según explicó su portavoz, Luis Tudanca, presentará una iniciativa para ofrecer más propuestas a PP y a Cs sobre las medidas para mejorar la sanidad, que pasan -dijo- por revertir los recortes de los últimos años, reabrir las urgencias rurales y los puntos de atención continuada, así como por recuperar las plantillas “perdidas”. Además, plantearán políticas para la Atención Primaria y la retirada del Plan piloto de Aliste, sobre los consultorios médicos.
También pedirán a la Junta la supresión de “buena parte” de los entes públicos, la administración 'B' y paralela, convertida en “nido de la corrupción”. A su juicio, debe hacer antes de que acabe el año una revisión de lo existente y proceder al cierre del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), el Ente Regional de la Energía (EREN), el Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), Somacyl, la Fundación Siglo y la Fundación Patrimonio Natural.
Ciudadanos presentará una proposición para instar a la Junta de Castilla y León a que en el próximo Plan de Internacionalización Empresarial de Castilla y León se incluyan actuaciones para favorecer a las empresas y a los productos de Castilla y León en el exterior, como medida para hacer frente al Brexit, así como a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos. Además, se refirió a Luis Garicano para afirmar que el plan del Gobierno, previsto ante la salida de Reino Unido de la Unión Europea, no contempla al sector vinícola, ni tampoco a la industria del automóvil.
Por último, el Grupo Popular quiere que la Junta inste al Gobierno a realizar actuaciones en relación con la financiación del sistema de atención a la dependencia y con el reparto del tramo autonómico de las subvenciones para actividades de interés social con cargo al 0,7 por ciento del IRPF.
Con ello, aseguró que buscan que el Estado asuma el 50 por ciento del coste de la dependencia, como tenía previsto promover el gobierno de Mariano Rajoy, y demandar unos criterios consensuados para un reparto diferente de los fondos de la X solidaria. El pleno se cerrará con el debate y votación de la toma en consideración de las dos propuestas de reforma del Estatuto de Autonomía, primero se abordará la del Grupo Socialista y, a continuación, la de PP y Cs.