El pasado 25 de junio el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, cargó contra el Gobierno central al señalar que el Ejecutivo trataba a los ayuntamientos con superávit como al hijo aplicado al que se le ningunea. Era una manera de protestar por la imposibilidad de utilizar el remanente para paliar los efectos del coronavirus. Un mes y medio después, el discurso es bien distinto. Puente ha pasado a alabar el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque opina, esta vez sí, que beneficia a los ayuntamientos que tienen las cuentas más saneadas, entre los que se encuentra el de Valladolid. Además, hay otro aspecto fundamental. El pacto contempla un fondo de 275 millones para paliar las pérdidas provocadas por la lógica caída de viajeros en las empresas municipales de transporte. Una tarta de la que Auvasa obtendría una porción de cinco millones de euros. Todo un balón de oxígeno para las maltrechas cuentas de la empresa municipal de transporte, ya que esos cinco millones son, precisamente, el déficit previsto para este año.
El alcalde rechaza las críticas al acuerdo sobre remanentes, ya que en su opinión resulta beneficioso para la administración local, por lo que ha ironizado que «como confiscación», término con el que se refirieron alcaldes del PP, es «bastante lucrativa para el confiscado».
«No nos roban un céntimo, nos lo devuelven íntegro y a mayores, como mínimo nos transfieren el 35 por ciento libre de déficit y de la regla de gasto para invertir en dos años», subrayó en una rueda de prensa en la Casa Consistorial vallisoletana ofrecida tras acudir a la firma del acuerdo en el Palacio de la Moncloa en calidad de portavoz de los municipios socialistas en la FEMP. Asimismo, destacó que el acuerdo es «positivo» especialmente para los consistorios que «han hecho los deberes», al acabar con lo que considera como «café para todos».
«Durante mucho tiempo los que hemos hecho los deberes hemos tenido el mismo trato que los que no los hacían», lamentó el regidor, que recordó que Valladolid era ya «el único» de más de 200.000 habitantes que seguía «cumpliendo cada año» para tener remanentes. «De qué nos ha servido», se preguntó el primer edil, quien se felicitó porque a partir de ahora «el que haya hecho los deberes y el que tiene recursos va a poder emplearlos» y Valladolid deje de ser tratado «exactamente igual que los ayuntamientos endeudados hasta las cejas», dijo en declaraciones recogidas por Europa Press.
Sobre la fórmula elegida por el Gobierno de España, Puente explicó que la ley impide gastar esos remanentes «sin incurrir en déficit», de modo que se ha buscado un mecanismo que permita «poder cumplirla y disponer de los remanentes». Así, los ayuntamientos cederán sus remanentes a la Administración General del Estado, que se los devolverá como si de un préstamo se tratara, a lo que se suma una subvención no financiera por un importe mínimo equivalente al 35 por ciento de los remanentes entregados, que, como subrayó Puente, será «voluntaria» para los consistorios, lo cual descarta, a su juicio, que se pueda hablar de «confiscación».
En este sentido, recalcó que la entrega por parte de los ayuntamientos tampoco es «inmediata», pues si este acuerdo se convalida en septiembre, como está previsto, la cantidad que cada uno se comprometa a entregar no deberá traspasarla hasta el 31 de diciembre de 2021, de modo que «no es verdad que se queden sin liquidez».
Al margen de esto, el alcalde se ha referido a otro punto del acuerdo, que establece la creación, con cargo extraordinario a los Presupuestos Generales del Estado, de un fondo de 275 millones para cubrir el déficit de las empresas municipales de transporte, como Auvasa, generado por la situación derivada de la pandemia de COVID-19, que podría ampliarse hasta los 400 millones «siempre y cuando se justifique que no son suficientes» para cubrir ese déficit, que en el caso de Valladolid se estima en torno a cinco millones y que cubriría «íntegramente» el Gobierno de España. «Sólo por esto ya merecía la pena el acuerdo», ha sentenciado.
Al margen de esto, el alcalde se refirió a otro punto del acuerdo, que establece la creación, con cargo extraordinario a los Presupuestos Generales del Estado, de un fondo de 275 millones para cubrir el déficit de las empresas municipales de transporte, como Auvasa, generado por la situación derivada de la pandemia, que podría ampliarse hasta los 400 millones «siempre y cuando se justifique que no son suficientes» para cubrir ese déficit, que en el caso de Valladolid se estima en torno a cinco millones y que cubriría «íntegramente» el Gobierno de España. «Sólo por esto ya merecía la pena el acuerdo», dijo.
Críticas de la oposición
Una opinión que no comparte la oposición. La presidenta del Grupo Municipal Popular, Pilar del Olmo, considera que Puente «ha antepuesto los intereses de Ferraz y de Moncloa a los de los vallisoletanos. La dirigente ‘popular’ critica que el alcalde haya votado a favor de un acuerdo que, según ella, «expropia los remanentes de los ayuntamientos y es discriminatorio entre unos municipios y otros». El pasado 3 de agosto, en un mensaje publicado en redes sociales, llegó a hablar de «robo por parte del Ejecutivo de Sánchez de los ahorros municipales» e incidió en que el acuerdo con la FEMP «crea ayuntamientos de primera y de segunda», algo que la portavoz del PPen el Ayuntamiento considera «intolerable».