Más de siete millones de vehículos sin ITV

RAQUEL SANTAMARTA (SPC)
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El número de turismos, camiones, furgonetas, autobuses, motocicletas y tractores con la inspección desfavorable, caducada o negativa se ha reducido más de 10 puntos en la última década, pero casi un 23 por ciento aún se mueve sin tener estar al día

Más de siete millones de vehículos sin ITV - Foto: Alberto Rodrigo

El 22,5% de los vehículos circulan sin tener la ITV (Inspección Técnica de Vehículos) en vigor. Un porcentaje que, pese a reducirse más de 10 puntos en la última década (en 2009 eran un 33,2%), se traduce en más de 7,5 millones de automóviles que se mueven sin haber pasado la inspección obligatoria o bien lo hacen con ella caducada. Los datos facilitados por la Dirección General de Tráfico (DGT) exponen que cerca de 4,3 millones de turismos y 1,5 millones de camiones y furgonetas -sin olvidar casi 1.335.000 motocicletas, 52.083 tractores industriales y 14.962 autobuses- no tienen los papeles en regla. En el análisis por zonas, Melilla se sitúa a la cabeza en irresponsabilidad (39,8%), seguida de Islas Baleares (36%) y Ceuta (33,2%). En el lado contrario están León (15%), Salamanca (15,4%) y Álava (16,2%) con un porcentaje de incumplimiento muy inferior.
Una cuestión que, al margen de los riesgos que comporta para la propia seguridad y la del resto de conductores, puede acarrear multas que van desde los 200 euros, si la ITV está caducada o ha sido desfavorable en el último chequeo; hasta los 500, si ha resultado negativa. Sanciones que, en buena parte, Tráfico pone gracias a un sistema de detección de matrículas mediante cámaras de radar (ITICI) que le permite cotejar al momento si un automóvil cumple con lo estipulado. La medida se puso en marcha con el objetivo de hacer aflorar esos vehículos que no podrían superar la inspección técnica (a partir de los diez años es preceptivo acudir a la cita cada año) y cuya reparación no sale a cuenta.
Asimismo, cabe recordar que si la inspección no sopla a su favor, el propietario del vehículo cuenta con un plazo máximo de dos meses para subsanar los defectos encontrados y pasar una nueva revisión. De lo contrario, puede ser dado de baja por su Jefatura Provincial de Tráfico. Además, desde la perspectiva de los seguros, las consecuencias pueden ser aún más graves puesto que el conductor sin la ITV en vigor e implicado en un accidente se arriesga a correr con todos los gastos derivados del siniestro, especialmente si se demuestra que éste se debe a un fallo mecánico que podría haberse detectado durante una inspección técnica en la que se revisan los neumáticos, el alumbrado, los frenos, el nivel de aceite y de líquido refrigerante, los limpiaparabrisas el sistema de control de emisiones de CO2 a la atmósfera.
En 2018, la edad media de los turismos en España se situó en los 12,1 años, según datos de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Un listón de los más elevados de Europa, y que tiene mucho que ver con la crisis económica. No en vano, la antigüedad era de unos ocho años en 2007.
El hecho de que la gente no se deshaga del vehículo antiguo con tanta facilidad como en el pasado, empujada por las ayudas que había, exige un mantenimiento adecuado para reducir la siniestralidad en carretera. Y es que, según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (Aeca-ITV), estas revisiones reglamentarias evitan anualmente 170 muertes. Además, la inspección técnica contribuye a que anualmente haya cerca de 11.000 accidentes al volante menos, muchos de ellos con heridos. En este sentido, a esta organización le preocupa el absentismo de camiones y furgonetas (hasta un 30% sin la ITV en vigor) al tratarse de «vehículos que hacen muchos kilómetros, con personas al volante sometidas a muchas presiones de trabajo».
La DGT comenzó a enviar a finales de 2013 cartas informativas a los titulares de vehículos con más de una década de antigüedad advirtiendo de que «el riesgo de que haya al menos un fallecido se duplica en los vehículos antiguos respecto a los más modernos y con mayor equipamiento de seguridad activa y pasiva». Una iniciativa que llegó a unos 13 millones de hogares con el objetivo de mejorar la seguridad vial y que, al año siguiente, repitió con el envío de cinco millones de misivas a los dueños de turismos, todoterrenos y motocicletas de entre siete y diez años de antigüedad que circulaban sin estar en condiciones.
Si bien es cierto que el conductor apura al máximo la vida de su automóvil, desde la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) consideran que el modo más eficaz para asegurar a corto y medio plazo una movilidad sostenible pasa por «propiciar la retirada de la circulación de los vehículos más antiguos, contaminantes e inseguros». 
No obstante, y tras recordar que los nuevos automóviles diésel y gasolina son una opción muy válida debido a su consumo eficiente de combustible, advierten de que la implantación masiva de los automóviles eléctricos será imposible si tanto el Estado como las autonomías no estimulan su compra a través de un plan continuado en el tiempo, bien dotado presupuestariamente y que facilite la extensión también de los puntos de recarga.