Los «viernes sociales» anunciados por el Gobierno de Pedro Sánchez se estrenaron hace una semana con un Real Decreto sobre la vivienda y el mercado del alquiler que, entre otras cosas, busca incrementar la oferta de pisos a renta y proteger a los inquilinos ante los desahucios. Una figura, la de los lanzamientos judiciales por impagos del alquiler, que, precisamente, sigue siendo el concepto que más casos aglutina en Valladolid. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2018 se ejecutaron 530 desahucios en la provincia, de los que el 60 por ciento eran derivados de la arrendamientos impagados (322), por los 137 procedentes de ejecuciones hipotecarias.
Esta estadística supone un leve incremento después de que en 2017 se tocase fondo tras los picos de una crisis que dejaba -en 2013, por ejemplo- hasta 672 desahucios al año en Valladolid. El análisis de este lustro desvela descensos de más del 20 por ciento en todos los tipos de desahucios, a pesar de que en la comparativa del último año se aprecia una subida del 4,4% (de 517 a 530 lanzamientos, que es su denominación jurídica), casi a partes iguales entre los de alquileres y los de hipotecas.
Coincide esa subida con la entrada en vigor, el pasado mayo, de la que se conoce como ley del ‘desahucio exprés’ que buscaba agilizar los procedimientos judiciales para que los dueños de viviendas echasen de sus propiedades a okupas. En el caso de Valladolid, los juzgados de Primera Instancia no notaron un gran cambio con las medidas de aquella norma, debido a que «se va rápido en general», debido a que el número 4 asumió las demandas de cláusulas suelo, que eran las que estaban complicando las cosas en el ámbito civil en la ciudad.
Ahora, el decreto no se centra tanto en la agilización del proceso judicial contra los okupas, sino en la protección de los inquilinos en situación de vulnerabilidad, hasta el punto de que se obliga al juez a comunicar a Servicios Sociales el próximo desahucio de una familia, para que tenga tiempo de estudiar el caso y tomar las medidas que se crean convenientes
En lo que respecta a la aplicación del nuevo decreto y el hipotético retraso en los desahucios, se entiende que «no va a provocar retrasos», según las fuentes judiciales consultadas por este periódico, que creen que «no va a tener gran trascendencia»: «La fecha de lanzamiento se mantiene de inicio y se notifica a Servicios Sociales a efectos de situación de vulnerabilidad y buscar, en su caso, otra alternativa desde los Servicios Sociales», según argumentan las mismas fuentes, que recuerdan que estas medidas también afectan a las ejecuciones hipotecarias y que, en cualquier caso, «dependen de una convalidación en el Congreso de los Diputados que el Gobierno ha de conseguir todavía».
En la actualidad, los plazos que se manejan en Valladolid para los desahucios es de entre 30 y 45 días.