El impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU) está dando muchos quebraderos de cabeza a los ayuntamientos desde que en mayo 2017 el Tribunal Constitucional anulara varios artículos de la Ley de Haciendas Locales, que regula este impuesto municipal. La guerra de las plusvalías ha provocado que algunos consistorios hayan desistido de cobrar a los contribuyentes hasta que se unifique la jurisprudencia al respecto, como es el caso del Ayuntamiento de Burgos. Un escenario que se ha clarificado, en parte, al fijar el Tribunal Supremo que el cobro de este impuesto solo podrá anularse cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de una pérdida de valor
En el caso de Valladolid, se ha seguido ingresando porque aquí los contribuyentes realizan autoliquidaciones, es decir ejecutan el pago voluntario de este tributo que grava el incremento de valor que experimentan los terrenos o inmuebles como consecuencia de la transmisión de su propiedad. El IIVTNU grava la teórica revalorización que experimenten durante los años transcurridos desde la anterior transmisión. Para obtener el importe de esa plusvalía no se tiene en cuenta el valor real de la transacción, sino el valor catastral del suelo entre el momento de la compra y el momento de la venta, multiplicado por un coeficiente.
La Concejalía de Hacienda optó desde que se conoció la sentencia por estudiar los recursos y aplicar la «prueba en contrario», como explica su responsable, Antonio Gato, que avala el Tribunal Supremo. «El Ayuntamiento argumenta con los valores catastrales el terreno porque en el recibo del IBI se separa el valor del suelo y el de la construcción. Esta es la prueba en contrario», explica.
nueva valoración. El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido en este tiempo 1.510 reclamaciones por valor de 4,6 millones de euros. Aunque algunos contribuyente han presentado reclamaciones por autoliquidaciones por valor de 988.735 euros que no han abonado y que por tanto se desestiman.
Este volumen tan importante de ingresos municipales por este impuesto coincide con un crecimiento exponencial del mismo en los últimos años por la reactivación del mercado inmobiliario. Así, si en 2014 se ingresaban 4,9 millones por este concepto, en 2015 se llegó a 5,3 millones y al año siguiente creció hasta superar los seis millones. En 2017, coincidiendo con la sentencia del Constitucional que anulaba parte de la regulación referida a la revalorización del suelo, los ingresos municipales fueron de 8,4 millones de euros. Una cifra que se superó el año pasado para llegar hasta los 8,6 millones. En los dos primeros meses de este ejercicio la recaudación por este concepto ha sido de 409.920 euros.
Por eso el Ayuntamiento ha decidido reforzar el área encargada de las reclamaciones con la «valoración» de un técnico especialista de los servicios municipales. «Es el encargado de establecer la valoración del precio del suelo en los dos momentos de la transmisión. Y utilizamos ese valor como medio de prueba frente a las reclamaciones», explica Gato. Esto no quiere decir que todos las reclamaciones sean desestimadas. De las 309 autoliquidaciones revisadas, 136 han sido estimadas y se han devuelto 253.890 euros.
Otras reclamaciones de 93 autoliquidaciones están pendientes del fallo del Consejo Contencioso-Administrativo, mientras que 878 están en tramitación y otras 1.078 pendientes de revisión.