El IX Congreso Nacional del Sindicato Independiente de Funcionarios (CSIF) reclamará en el transcurso de su celebración en la Feria de Muestras Valladolid el próximo jueves, 10 de octubre, que se aplique una hoja de ruta con jubilación anticipada voluntaria a partir de los 60 años, la renovación de 300.000 puestos de trabajo y revertir las privatizaciones de los servicios públicos. Así lo señaló en la presentación el presidente autonómico, Carlos Hernando, quien consideró que la acción sindical será importante “ya que el momento político que se vive es complicado”.
La cita, a la que está previsto que asista por la tarde a la clausura del presidente del PP, Pablo Casado, reunirá a 470 delegados de todo el país y en ella, como apuntó Hernando, se vive un “momento trascendental” donde la clase gobernante hasta ahora “ha sido incapaz con sus intereses partidistas de afrontar la verdad y tener un sentido de Estado ante los problemas de los ciudadanos, los trabajadores y todo lo que requiere la gestión de un país”. Por el momento, la única candidatura presentada es la del actual presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, que opta a la reelección.
Por su parte, el vicepresidente de CSIF en Castilla y León, Enrique Vega, resaltó la importancia que la organización de este congreso en la Comunidad tiene para Unión Autonómica, porque supone un reconocimiento nacional al trabajo del sindicato en Castilla y León, que cuenta con 21.500 afiliados y más 1.100 delegados sindicales, de ellos 350 en la empresa privada, ámbito en el que CSIF está creciendo, “porque los trabajadores quieren un sindicalismo más profesional e independiente”.
Por ello, Carlos Hernando puso de manifiesto que las próximas elecciones generales del 10 de noviembre “se van a ganar por la mínima” y que CSIF estará por ello “muy pendiente de los programas y de las propuestas sobre empleo todos se van mirar con lupa, tanto desde el punto de vista de los sindicatos como de los empleados públicos”. “Afortunadamente, y a pesar los políticos, que están a lo suyo, el país sigue funcionando por el compromiso, esfuerzo y profesionalidad de los trabajadores del sector público en la atención al ciudadanos y los servicios esenciales”, aseveró.
“Por ello las propuestas y acción sindical en los próximos cuatro años serán básicas”, expuso el presidente autonómico de CSIF, quien añadió que se primará la negociación de un nuevo acuerdo de mejora de empleo y condiciones laborales y retributivas de las personas trabajadoras de las administraciones públicas, con la aplicación de 35 horas semanales en todas ellas.
Igualmente, indicó que todavía el sector arrastra una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 19,6 por ciento (más de un 20 por ciento si se los recortes de las comunidades autónomas), desde 2010. “Tenemos que poner fecha a esta recuperación y firmar un acuerdo plurianual para estos más de 163.000 trabajadores en Castilla y León que sufrieron las consecuencias de la crisis”, concretó. En este contexto, se reclamará la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes, que permite que los empleados públicos perciban el 100 por 100 de la paga extra.
CSIF propondrá igualmente en el Congreso la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de los empleados públicos, dentro de un plan de modernización de la Administración. Así, el sindicato calcula que en los próximos cuatro años se podrían renovar hasta 300.000 puestos de trabajo en toda España, con las consecuentes ofertas de empleo público. “No queremos un empleado público de más, pero tampoco ninguno de menos”, indicó Hernando. Pedirá asimismo la jubilación anticipada para colectivos que desempeñan funciones especialmente penosas por coeficientes reductores de la edad de jubilación en el Régimen General de la Seguridad Social.
Menos privatizaciones y externalizaciones
En otro punto la acción sindical se centrará en revertir la competencia sobre los servicios públicos externalizados y privatizados, con compromiso en el que se determinen los servicios que siempre deben de ser prestados por las administraciones públicas. CSIF dijo que a lo largo de estos últimos años “ha sido práctica habitual que, al amparo de la falta de recursos humanos en los servicios públicos, parte de ellos se hayan externalizado, incrementando sustancialmente el gasto público”.
Finalmente, se solicitará al Gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre la Reforma de la Ley Sindical. En este sentido, para responder a la necesidad de trasladar al ámbito sindical el pluralismo democrático de la sociedad española, se reclamará la modificación de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para que sea suficiente el 5 por ciento de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación, tal como ocurre en el ámbito político, donde se precisa únicamente entre el 3 y el 5 por ciento.