La crisis del sector de la automoción, agudizada por la pandemia, había puesto sobre la mesa la necesidad de diversificar la economía local. Pero todo quedó en un segundo plano hace unos meses, cuando se puso sobre la mesa la opción de que una filial del cuarto fabricante de autobuses y vehículos comerciales ligeros más grande del mundo se instalara en   Valladolid.

Ha sido un tiempo de trabajo discreto de las administraciones. Entre las opciones de la empresa, primero estaban distintas ubicaciones europeas; luego se centraron en España, donde descartó Valencia y Cataluña para elegir Castilla y León, concretamente la provincia de Valladolid. Una puja en la que entran en juego muchos factores, entre ellos, las ayudas y exenciones que reciba la empresa.

Algunas se conocieron en la presentación, ya que alcalde de la capital, Óscar Puente, anunció que el Pleno municipal declarará el proyecto industrial «de especial interés municipal». Esto permitirá que el Consistorio pueda ofrecer todo tipo de ventajas fiscales, que pueden ir desde exenciones en el pago del IBI o el impuesto de construcciones a bonificaciones y subvenciones.

Aunque también está jugando un papel determinante la elección de la ubicación. El que parece el secreto mejor guardado de la operación no se desvelará oficialmente hasta el próximo 27 de enero. Una fecha fijada por la empresa y que está ligada a la suerte en la cultura india. Las especulaciones están abiertas y se plantean distintas parcelas en la zona norte de la ciudad, pero también en terrenos limítrofes con Arroyo. De hecho, esta localidad también ha mostrado su interés por acoger esta fábrica. Es más, un concejal estuvo en la presentación oficial del proyecto.

La Junta también ha tenido un papel relevante. De hecho, el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, reclamó esta semana el papel «decisivo» que ha jugado para la instalación de la empresa.

El consejero de Economía y Empleo, Carlos Fernández Carriedo, defendió en la presentación del proyecto el trabajo del Gobierno regional para reforzar las claves que permiten seguir captando inversiones a Castilla y León. Carriedo destacó, en este sentido, los apoyos que brinda la Junta, sus bajos impuestos, y su apuesta por reforzar el talento. Asimismo, constató la cadena de suministro con la que cuenta la Comunidad, con más de 180 industrias auxiliares de la automoción.

quejas. Frente a estas alabanzas, también han surgido críticas. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) denunció el jueves el «cinismo» de la Junta por «hacer todo lo posible» para «centralizar inversiones en Valladolid».

Dos fábricas similares propician el pleno empleo

CAF e Irizar son dos empresas, con capital español, centradas en la fabricación de autobuses eléctricos. De hecho, ambas acaparan el 25% del mercado europeo. Estas compañías están instaladas en dos localidades del País Vasco. CAF fabrica en Beasain y emplea a unos 4.200 trabajadores, con una población censada que ronda los 14.000 habitantes y una tasa de paro inferior al 7%. Esta compañía  facturó el año pasado más de 2.700 millones de euros. Por su parte, Irizar tiene un plantilla inferior, cercana a los 2.800 trabajadores, y está instalada en Ormaiztegui, un pueblo de 1.258 habitantes, pero casi sin desempleados. Esta sociedad facturó en 2020 unos 500 millones de euros, casi la mitad de años anteriores, pero lo atribuye al impacto de la pandemia. 

Esto contribuye a que todos los años ambas localidades figuren entre los municipios de mayor renta per cápita de toda España. Un podio al que aspiraban distintas  localidades españolas en la carrera por atraer la inversión millonaria de Switch Mobility, que finalmente se ha decantado por Valladolid. 

El impacto de la instalación de esta empresa, creada a partir de la división de vehículos eléctricos de la compañía de autobuses británica Optare y de la compañía automotriz india Ashok Leyland, el cuarto fabricante de autobuses y vehículos comerciales ligeros más grande del mundo, se ha cuantificado en la inversión de cien millones y la creación de 7.000 empleos, 2.000 de ellos directos. Pero la repercusión se estima que sea mucho más amplia, tanto por los ingresos fiscales para las administraciones como por lo que supone de motor de atracción para la instalación de otras empresas.