La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 900 euros, aprobada por el Gobierno y en vigor desde el 1 de enero, está teniendo buenas repercusiones para las arcas del Estado. Así lo demuestran los datos de cotizaciones sociales recogidos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Entre enero y junio de este año el Estado ingresó 410,9 millones, casi todo por los trabajadores que están dentro del Régimen General de la Seguridad Social y por los autónomos. Es un 8,5 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado. Se podría pensar que este incremento tiene su base en el aumento de cotizantes, pero lo cierto es que el número de afiliados a la Seguridad Social, si bien es cierto que ha subido, solo lo ha hecho un 2,1 por ciento, cuatro veces menos de lo que han subido las cotizaciones. A finales de junio del año pasado había 214.037 afiliados en la provincia, por los 218.587 de finales de junio de este año.

De los casi 411 millones que ingresó el Estado en Valladolid en esos seis meses,  346,6 corresponden a las cotizaciones de los trabajadores que están dentro del Régimen General y 40,5 millones, por los autónomos. La tercera partida más elevada asciende a 21,6 millones y corresponde a las prestaciones de los desempleados y las bonificaciones por el fomento del empleo.

Los datos también demuestran que la subida del SMI ha contribuido a acelerar la progresión ascendente que han tenido las cotizaciones sociales en los últimos años, como consecuencia de la mayor incorporación de trabajadores al mercado laboral. En el primer semestre de 2017 la subida fue del 2,7 por ciento; en el de 2018, del 4,1 por ciento; y en el primer semestre de este año, con el nuevo SMI, del 8,5 por ciento. 

Una de las preocupaciones de ciertos sectores económicos ante el incremento del SMI era la posibilidad de que provocase despidos en las empresas que no podían asumirlo. Lo cierto es que en Valladolid sí que se ha registrado una subida de los procesos de despidos que acaban en los tribunales. Según el informe Efecto de la Crisis en los órganos judiciales, publicado trimestralmente por el Consejo General del Poder Judicial, 267 despidos acabaron en el juzgado en el primer trimestre (últimos datos disposibles), un 13,6 por ciento más que en el mismo trimestre del año anterior. En España la subida fue del siete por ciento. Por otro lado, la Encuesta de Población Activa indica que a finales del año pasado había 229.200 ocupados en la provincia, que bajaron a 222.000 en el primer trimestre y se recuperaron hasta los 227.400 en el segundo.