La Justicia alemana abrió ayer el proceso contra dos exoficiales sirios acusados de tortura, asesinato y violación de varios miles de presos en una cárcel de Damasco entre 2011 y 2012, en el que es el primer juicio del mundo por crímenes de lesa humanidad contra miembros del régimen del presidente de Siria, Bachar al Asad.

Basado en el principio de Justicia universal, al que Alemania se adhirió en 2002, el proceso supone un antes y un después en la búsqueda de rendición de cuentas que demandan gobiernos y activistas por los abusos cometidos por el régimen sirio durante la guerra civil que asola ese país desde 2011.

«Este juicio tiene un considerable significado a nivel mundial. Es el inicio de la investigación sistemática de los crímenes del régimen de Asad», aseguró el secretario general del Centro Europeo de Derechos Humanos y Constitucionales (ECCHR), Wolfgang Kaleck. Amnistía Internacional también calificó de «histórico» este proceso -con 24 sesiones programadas hasta mediados de agosto- y lo tildó de un «hito en la lucha contra la impunidad de las mayores violaciones de los Derechos Humanos en Siria».

En concreto, la Fiscalía Federal acusa a Anwar Raslan, ex alto cargo de los servicios secretos sirios, y a Eyad Alghareib, otro alto miembro del Muhabarat (inteligencia militar) de «crímenes contra la humanidad» por sus respectivos papeles en el aparato represor sirio. Contra Raslan se han presentado 58 cargos por asesinato. Ese es el número de personas que, según Alemania, murieron en la prisión de Al Jatib, en Damasco, entre abril de 2011 y septiembre de 2012, cuando era su responsable militar. En ese período, unos 4.000 disidentes políticos fueron encarcelados y torturados. 

La Fiscalía Federal describió palizas con porras, cables y látigos, descargas eléctricas y prisioneros «colgados del techo por las muñecas, con tan solo los dedos de los pies tocando el suelo». «Como responsable de la unidad de investigación, el acusado determinó y supervisó los procesos operativos de la prisión, incluido el uso sistemático y brutal de la tortura», argumentó la acusación pública.

Alghareib, por su parte, se sienta en el banquillo por su presunta complicidad en esos mismos 58 presuntos asesinatos.

La persecución penal es «importante para los supervivientes», agregó Kaleck, pero también para «los familiares de los muertos en la cárcel y para los aún encarcelados». Es, asimismo, un acicate para «otros procesos en el mundo árabe o también a nivel internacional», en la persecución de las violaciones de los Derechos Humanos.