E l diccionario de la RAE define promesa como la expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer por él algo. Una voluntad que estos días abunda mucho entre los partidos políticos, que en sus programas electorales incluyen todo tipo de compromisos con los electores para conseguir su voto.
Esta campaña, marcada por un elevado grado de crispación, está protagonizada por la confrontación del concepto de nación y las propuestas de recentralización de competencias. Un debate que, en parte, deja de lado las necesidades de las provincias como Valladolid, aunque las reivindicaciones de la España vaciada y la lucha por sus diputados está dando un protagonismo especial a este territorio. Así, el PSOE defiende la necesidad de una «política agraria común» para luchar contra la despoblación del medio rural y hacerlo sostenible mediante actividades como la ganadería, la agricultura «y también el turismo y la caza». En Ciudadanos se pide un pacto de Estado y medidas como una rebaja fiscal del 60% para evitar el abandono de los pueblos y ofrecen «cero impuestos» para los traspasos de explotaciones agrarias con el fin de facilitar los relevos generacionales. Mientras en el PP se apuesta por dotarlos de «banda ancha de ultravelocidad» y medidas para atraer población al medio rural como apostar por las empresas del sector y la industria 4.0, con una tarifa reducida de autónomos.
Precisamente, las infraestructuras son una de las grandes deudas pendientes del Gobierno central con la provincia, aunque durante este precampaña se ha hablado poco de ellas, salvo de la opción de recuperar el proyecto del soterramiento en la capital. De momento, este viernes está previsto que el Conseje de Ministro autorice al Ministerio de Fomento la licitación de las obras de dos de los tramos vallisoletanos de la autovía, que no tienen dotación presupuestaria. Además, el nuevo Gobierno deberá afrontar también la reactivación de la A-60, entre Valladolid y León.
Las cuestiones sociales están centrando gran parte del debate político. Así, el PSOE propone continuar elevando el salario mínimo interprofesional hasta los 1.000 euros y defiende crear para los hogares sin ingresos y en situación de precariedad un prestación no contributiva de la Seguridad Social. Un propuesta que podemos bautiza como renta básica de 600 euros mensuales, que abre a toda la población.
Por su parte, el Partido Popularse compromete a aprobar una Ley Básica de Servicios Sociales de ámbito nacional que garanticen con carácter uniforme para toda España, unas prestaciones comunes, y que permita «avanzar en el reconocimiento de nuevos derechos subjetivos» en el ámbito social. En este apartado, Ciudadanos promete 5.000 millones en ayudas a las familias con el objetivo de promover la natalidad. También apuesta por deducciones fiscales de 1.200 euros y 2.400 euros anuales para las familias numerosas y monoparentales con un hijo.
Un apartado clave en los programas de todos los partidos, aunque algunos todavía no los han presentado o no están a disposición de los ciudadanos, son las propuestas económicas y la memoria para financiar todos los compromisos. El PSOE promete impulsar un Pacto de Estado para reformar el sistema de financiación autonómica y de las entidades locales, modificando la ‘regla de gasto’ para adecuar la distribución actual de los recursos públicos y «garantizar la igualdad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio». También anuncian que aprobarán un nuevo Estatuto de los Trabajadores y comprometen su apoyo a pymes y emprendedores.
Por su parte, PPCiudadanos y Vox coinciden en su apuesta por rebajar la presión fiscal. Los ‘populares’ rebajarían el impuesto de sociedades por debajo del 20% y el IRPF por debajo del 40%, y eliminarían el impuesto de patrimonio, de sucesiones, de donaciones y el de Actos Jurídicos Documentados. Por su parte, apuesta por una tarifa plana de 30 euros para las emprendedoras y menores de 30 años, además d que los autónomos que sean padres no deberán pagar sus cotizaciones durante tres años. Por su parte, propone establecer un impuesto a las grandes fortunas de entre el 2 y el 3%. En Vox se propone rebajar el impuesto de sociedades al 20%, suprimir el de sucesiones y patrimonio y fijar un 21% de IRPF.