El aullido del lobo podría extenderse por la Península. O al menos esa es la intención del Gobierno, que quiere que las poblaciones de lobo ibérico aumenten un 18 por ciento (17,84 por ciento) pasando de 297 a 350 manadas en España para el año 2030, así como que el área de la distribución de la especie se expanda entre un 10 y un 20 por ciento. Y una de las primeras medidas para conseguirlo es dejar de considerarlo especie cinegética también al norte del Duero, donde hasta la fecha está permitida su caza. Así consta en el borrador de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo en España que el Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando con las regiones.

El texto defiende a la especie como «parte integral de los ecosistemas españoles» cuya coexistencia con los usos humanos se debe asegurar. Por ello, plantea pasar de las 297 manadas actuales -censo nacional de 2014- a las 350 de aquí a 2030. Además, busca extender su área de distribución entre un 10 y un 20 por ciento en este período.

El borrador apuesta por asegurar su expansión «hacia el este» peninsular y «especialmente en el Sistema Ibérico» así como hacia «otros territorios donde la conflictividad con los usos ganaderos sea escasa» y exista hábitat suficiente y adecuado. Precisamente identifica a Sierra Morena -donde la especie se ha extinguido- como uno de esos lugares de «poca conflictividad». En el texto, el Ejecutivo considera que una de las causas de su extinción es «aparentemente» la caza mayor en fincas cinegéticas «privadas del sur de España». En ese sentido, apunta que «algunos» empresarios  «se quejan de que los lobos mueven las reses objeto de caza lo que provoca un «resultado de las cacerías impredecible».

Otra de las medidas del texto del departamento que dirige Teresa Ribera, pasa por «perseguir y reducir a niveles irrelevantes» la persecución ilegal del lobo, sobre todo con disparos, trampas o veneno. La fórmula busca evitar conflictos a través de una mejora de la coexistencia; implantando sistemas de protección de ganado de manera «generalizada y con fondos públicos». Al mismo tiempo, pretende vincular las medidas de desarrollo rural y buenas prácticas agrarias para aplicar sistemas de prevención de daños. Para compensar las pérdidas de ganado, el borrador quiere que se establezcan sistemas de peritación «homogéneos» y pagos «ágiles y justos» a los afectados. 

Otra de las líneas de la estrategia  pasa por aumentar el conocimiento del lobo, promover su divulgación y conseguir el «máximo apoyo social» para su recuperación, así como adecuar infraestructuras, como autovías o trenes de alta velocidad para evitar el efecto barrera que limita el intercambio de ejemplares, la creación de «bosques-isla» en las zonas agrícolas y planificar las transformaciones de hábitat que producen las infraestructuras energéticas como parques eólicos y plantas fotovoltaicas.