Las indemnizaciones por los daños generados por los lobos en terrenos cinegéticos al norte del Duero de Castilla y León han quedado en un limbo. Una situación que ha generado «indefensión» para los ganaderos, que ven cómo sus explotaciones siguen sufriendo los ataques, y que desde la Junta están tratando de solucionar con la búsqueda de un sistema que permita indemnizar los daños.
Fuentes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente reconocieron a este periódico que la situación legal en la que ha quedado la Administración regional tras los cambios aprobados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) para pagar los daños a ganado por el lobo donde sí era especie cinegética «es complicada». En concreto, según denunció la organización agraria Coag hace unos días, la normativa vigente en la actualidad relativa a la compensación derivada de los daños a la agricultura y ganadería en los terrenos cinegéticos de titularidad autonómica se limita a las especies cazables, condición que ya no atañe al lobo tras la orden del Ministerio.
Estos cambios han sido analizados por los servicios jurídicos de la Junta, como indicaron las mismas fuentes de la Consejería, que confirman que «no es posible» pagar a los ganaderos con el actual modelo, por lo que la Junta está tratando de buscar un sistema que permita indemnizar los daños, «porque el ganadero no puede ser la víctima de esta situación creada por la decisión unilateral del Ministerio», asegurando que desde la Administración regional se hará «todo lo posible para que estos daños sean indemnizados».
Desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente recordaron que la situación actual «pone en evidencia» algo que ya se advirtió desde Castilla y León antes de la entrada en vigor de la inclusión del lobo en el Lespre a finales de septiembre, ya que varias comunidades plantearon un periodo transitorio que permitiera adecuar los diferentes sistemas de compensación de los daños. Su entrada en vigor al día siguiente de su publicación «no dejo ningún margen de maniobra para adaptarse a este cambio tan trascendente», aseguran las mismas fuentes.
Por su parte, desde el Ministerio, el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco, Jorge Martínez, aseguró hace unos días en declaraciones recogidas por Europa Press que los daños causados sí son indemnizables porque es obligación de las comunidades autónomas. Martínez afirmó que la inclusión del lobo en el Lespre y la aprobación en diciembre de la nueva Estrategia supondrá «la obligación de que la administración competente compense los daños en todo el territorio nacional y no solo en las áreas donde gestionaban la caza».
Además, recordó que con la nueva estrategia y los 20 millones consignados en los PGE «se podrán poner en marcha ayudas por una cantidad de 9,5 millones para, contribuir, conjuntamente con las comunidades que se adhieran y apliquen la Estrategia, a abonar los daños».
Precisamente en esta adhesión es donde pone el foco Coag para reiterarse en su denuncia sobre el impago de la indemnizaciones.La organización agraria recuerda que desde el Ministerio se habla de una estrategia que todavía no está en vigor y además fue el propio Jorge Martínez quien les reconoció que las comunidades autónomas no están obligadas a adherirse a dicha normativa. «Lo que hace el Ministerio ahora es sacar pecho porque tiene previsto chantajear a las comunidades que no se adhieran negándoles las partidas económicas destinadas a la conservación del lobo», afirma su coordinador regional, Lorenzo Rivera.
Los tribunales.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente recordó que las cuatros comunidades al noroeste peninsular -Asturias, Cantabria, Galicia y Castilla y León-, que albergan el 98 por ciento de los lobos que hay en España, han solicitado a la Audiencia Nacional la adopción de medidas cautelares suspendiendo la entrada en vigor de la normativa aprobada el pasado 20 de septiembre por la que el lobo se convertía en especie no cazable hasta que se dicte sentencia sobre el recurso planteado por dichas autonomías. «Entendemos que la Audiencia Nacional se pronunciará en breve sobre dicha solicitud y que, en estos momentos, procede esperar a dicho pronunciamiento», añadieron fuentes oficiales.