La Asociación Ciudad Sostenible y el Ayuntamiento de Valladolid han presentado sendos recursos de reposición contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por el que se rechaza la pretensión del Consistorio de ser indemnizado por las constructoras que se lucraron de la ilegalidad cometida en la promoción de viviendas en los terrenos de Piensos Cia.

El concejal de Urbanismo, Manuel Saravia, calificó la sentencia de "absolutamente decepcionante" ya que ha asegurado que el Ayuntamiento había mantenido negociaciones con las empresas que se beneficiaron de la ilegalidad en la que incurrió el Consistorio a través de la modificación irregular del Plan General de Ordenación Urbana en 2003, lo que permitió edificar 263 pisos de más en el inmueble construido frente al centro comercial Vallsur, informa Europa Press.

Saravia ha reconocido que esperaban que en la sentencia se estableciese el marco en el que podían estar las indemnizaciones que corresponderían al Ayuntamiento y, por lo tanto "a la ciudad". Sin embargo, ha lamentado que la sentencia dice "lo contrario", que el asunto está cerrado y que "incluso quien tendría que indemnizar serían las distintas administraciones".

Pero Saravia ha recalcado que el mensaje que da la sentencia es "tremendo", pues da a entender que "si hay operaciones ilegales y un enriquecimiento fuera de toda medida, no pasa nada, el problema es de la administración".

Por ello, el Consistorio ha presentado ya recurso de reposición, previo al recurso de casación, si bien Saravia ha reconocido que "va a ser difícil" que el Tribunal Supremo lo admita ya que tiene que observar "interés casacional", algo que considera "una entelequia".

Por su parte, la Asociación Ciudad Sostenible también ha interpuesto recurso de reposición, al igual que ha anunciado recurso ante el Supremo, reclamando la participación de la comunidad en las plusvalías generadas por la actividad urbanística ilegal, frente al beneficio ilícito de las promotoras, y que la organización cuantifica en 21 millones de euros.

La organización considera que, ante "la inactividad municipal y judicial" para la ejecución de la sentencia inicial de 2007, la Asociación Ciudad Sostenible en 2014 ejerció la acción pública para instar la ejecución forzosa de dicha resolución y de la de del Tribunal Supremo de 2011 que ratificó la ilegalidad de los pisos, anulando la Orden de modificación del PGOU de 2003 en los ámbitos de la fábrica de Piensos Cia y la azucarera Santa Victoria .

Ya entonces el TSJCYL mediante dos autos de 2014 y 2015, con voto particular en contra, declaró terminada la ejecución con la mera publicación del fallo.

Ciudad Sostenible acudió al Supremo para denunciar que los autos recurridos contradecían el fallo de la sentencia porque al declararla ejecutada habían convertido el fallo de la sentencia en un "pronunciamiento meramente ilusorio, sin trascendencia real ni jurídica alguna, con violación del artículo 24 de la Constitución".

De esa manera, los vecinos de esa zona de la ciudad se permitía que los vecinos de la zona "se queden sin las dotaciones" y el Ayuntamiento "sin las cesiones a que, según la sentencia, tendrían derecho y que no se han obtenido por haberse ejecutado un plan ilegal".

Asimismo, consideran que no es "comprensible" que a los promotores que se han lucrado con el aprovechamiento obtenido del ilegal planeamiento no se les exija el cumplimiento de las obligaciones que la obtención de ese aprovechamiento que obtuvieron San José Desarrollos Inmobiliarios, Metrovacesa y Edificasa 2000.

ACUERDO EN 2014

De hecho, apuntan que en 2014 las empresas estuvieron "voluntariamente dispuestas a cumplir" la sentencia, e incluso se valoraron las cargas urbanísticas para compensar los beneficios obtenidos con la ilegal ejecución del planeamiento nulo estableciendo que correspondían al valor de 60 viviendas que se comprometían a cedérselas al Ayuntamiento.

"De modo que hasta quienes han resultado perjudicados por la sentencia han entendido que ésta les obliga a efectuar las cesiones", han recordado las mismas fuentes.

También han apuntado que el Tribunal Supremo en 2016 estimó el recurso de casación de Ciudad Sostenible y a partir del reconocimiento de que el fallo de la sentencia firme no se agota con la simple publicación de aquél, y "ordenó a la Sala de instancia que prosiga la actividad de ejecución mediante la adopción de las medidas pertinentes para el completo cumplimiento del fallo".

Sin embargo, entienden que el reciente auto del TSJCyL "desoye las órdenes del Supremo, se resiste a la necesidad de una diligente actividad judicial más intensa que precise en qué medida se puede restablecer la realidad anterior a la modificación anulada adoptando las medidas adecuadas para el logro de tal fin".

La asociación cree "de Justicia" que la Sala de instancia fije las indemnizaciones que corresponden a la ciudad, por lo que la Asociación Ciudad Sostenible interpone recurso de reposición previo al que interpondrá ante el Supremo.