El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, denunció hoy que la Junta obliga al Ayuntamiento y a los usuarios a financiar más de la mitad del coste de los servicios sociales con la “imposición” del Acuerdo Marco que hoy validó la Junta de Gobierno Local, con la Gerencia de Servicios Sociales, sobre su cofinanciación para los años 2020, 2021, 2022 y 2023. Así se pronunció durante la apertura del Congreso Life Habitat, que se celebra entre hoy y mañana en el LAVA.
El regidor calificó de “auténtico trágala” esta decisión de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y admitió “mucho disgusto, porque se comprueba cómo el acuerdo propuesto a cuatro años no toca ni un céntimo de euro la financiación de los servicios sociales municipales”. De hecho, añadió que en años anteriores al menos se registraban adendas que desconoció si se incorporarán en esta ocasión. “Ello supone que habrá menos dinero para los servicios sociales en Valladolid que el año pasado. Me pregunto si se trata del modelo que la Junta presume de exportar a Andalucía, porque pobres andaluces; es inaceptable”, reprochó.
Como ejemplo, señaló que con el Acuerdo Marco el 53 por ciento de la ayuda a domicilio la financiará el Ayuntamiento y los usuarios, “cuando la ley dice que éstos tendrán que hacerse cargo exclusivamente del 10 por ciento, y el 90 restante la Junta”. “No hace ni siquiera el esfuerzo de cumplir con la ley”, achacó. En total, dijo, de los 11 millones de euros anuales que se dedicarán a los servicios sociales en la ciudad, el Consistorio y los usuarios harán frente a casi siete millones y el resto, la Junta.
Por ello, instó a los alcaldes del PP, “tan beligerantes” para reclamar la devolución del IVA al Gobierno, a “alzar la voz ahora y de poner pie en pared también frente a este tipo de injusticias”. Por ejemplo, citó a la ciudad de Salamanca, “donde no proporcionan datos a la oposición en relación a los costes de los servicios sociales del Ayuntamiento”.
Así, señaló que existen cada vez más personas mayores en la Comunidad que “necesitan de la ayuda a domicilio, de la teleasistencia o de canguros, y están totalmente abandonadas a su suerte o en este caso a la generosidad de los ayuntamientos, que asumen competencias que no son propias, transferidas por la Junta mediante una ley impuesta, y sin llevar aparejada la financiación necesaria”. “Es inaceptable lo que se presenta y además se ha vendido como una política maravillosa”, criticó.
En este sentido, admitió que el Ayuntamiento vallisoletano se plantea incluso acudir a los tribunales de Justicia “si hay base para ello”. “A lo mejor ha llegado el momento, porque se saltan la ley a la torera y encima presumen de ello”, incidió el primer edil, quien concluyó que “cada vez merman más recursos a las competencias propias y se emplea más a las impuestas, sin acompañarlas de la debida financiación”.