La mayor estafa piramidal de la historia de España se descubrió en mayo de 2006 y tuvo a la empresa Fórum Filatélico como protagonista. El Supremo confirmó el año pasado la sentencia que obligaba a pagar 3.700 millones de euros a los más de 250.000 afectados, de los cuales unos 10.000 son de Valladolid. Y hace tan solo unos días ha concluido el proceso de liquidación de los bienes de la empresa, con el informe de la administración concursal, que desvela que los acreedores han dejado sin reclamar 19,7 millones de euros.

En la propuesta de liquidación se explica que inicialmente se enviaron 282.943 cartas, a las que respondieron el 87% de los acreedores. En total, en toda la fase de liquidación, el volumen de correspondencia ha superado los  362.000 escritos. Esto sirvió para dar de alta más de 250.000 cuentas corrientes en las que ir ingresando los tres plazos fijados para las indemnizaciones, con pagos que oscilaban entre menos de 50 y más de 225.000 euros.

Un proceso farragoso en el que se debía comunicar al administrador concursal cualquier cambio en el número de cuenta, en el domicilio o el fallecimiento de los afectados y los datos de sus herederos. Unas variaciones que han dificultado considerablemente el proceso de devolución del dinero.

Así, hay 26.248 afectados que no han recibido ningún pago, lo que supone un capital de 4,4 millones. Otros 35.358 tienen pendiente el segundo y el tercero, lo que dejó en la caja otros ocho millones.  Y el grupo más numeroso lo conforman los que ingresaron los dos primeros plazos, pero no el tercero, lo que supone otros 7,3 millones. En total son 19,7 millones que no se han reclamado y que, una vez ejecutado el plan de liquidación, irán a parar a las arcas del Estado.

En el informe final de las operaciones de liquidación y rendición de cuentas se explica los esfuerzos que hizo el administrador concursal para contactar con los afectados. Desde comunicaciones escritas a llamadas de teléfono, «o por cualquier medio que se consideró conveniente». Incluso se llegó a contactar con vecinos de los acreedores. Eso sí, el administrador concursal reconoce que la Ley de Protección de Datos ha limitado la búsqueda de antecedentes «de forma muy significativa». El administrador se encontró, por ejemplo, con que el diez por ciento de los acreedores que habían recibido el primer pago habían cancelado esa cuenta cuando tenían que ingresar el segundo.

Capítulo aparte merecen los afectados fallecidos en un proceso judicial tan largo. El administrador judicial ha tenido que tramitar 15.000 testamentos, y en 3.108 de ellos no se pudieron completar todos los requisitos legales (declaración de herederos, presentación de liquidación ante la comunidad autónoma, etcétera). Así, el total de crédito ordinario pendiente de pago a acreedores que constan como fallecidos asciende a 3,5 millones.

Fraude.

El fraude que sufrieron estos 10.000 vallisoletanos y más de 250.000 españoles consistía en la captación masiva de dinero procedente de pequeños ahorradores que compraban sellos bajo la promesa de que esa inversión generaría una rentabilidad fija con la que podrían obtener unos réditos económicos por encima de otras opciones de inversión de la época. Sin embargo, lo que no sabían los inversores es que esos sellos prácticamente no tenían valor y los 'intereses' que iban cobrando solo procedían de la aparición de nuevos inversores. La clásica estructura piramidal que se derrumbó cuando dejó de entrar dinero en la cuenta.