Un informe elaborado por la Policía Nacional, en el marco de la Operación Ignis que investiga el 'cambiazo' de ataúdes en el Grupo El Salvador, apunta que las anotaciones manuscritas de uno de sus trabajadores que contribuyeron a destapar el supuesto fraude fueron realizadas "año tras año" de forma pormenorizada, "paulatina y ordenada".

El estudio de los funcionrios del Grupo de Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional en Valladolid, que obra ya en poder del Juzgado de Instrucción número 6 y cuya titular ha trasladado a las distintas partes personadas en el caso para su conocimiento, vendría a desmontar la tesis de la defensa de la familia propietaria del grupo funerario de que el autor de las anotaciones, Justo M., elaboró el material en un breve espacio de tiempo, no más de seis años, en lugar de las dos décadas, entre 1995 y 2015, en las que se habrían cometido las supuestas irregularidades.

El trabajo policial, al que ha tenido acceso Europa Press en fuentes jurídicas, ha tomado como base las 26 libretas intervenidas al exempleado de la Funeraria El Salvador, que han sido analizadas en cuanto a su contenido y su continente, capítulo este último que ha conducido a los autores hasta la propia empresa que fabricó los cuadernos y que se encuentra ubicada en la Avanida del Norte de Castilla, en la capital vallisoletana.

Así, en ese primer análisis de las libretas, los agentes constatan que la mayoría fueron fabricadas en sus instalaciones bajo las marcas Tauro y Clipper entre 1992 y 2015 y que las mismas fueron utilizadas por Justo M. para anotar las defuncines en las que, presuntamente, se sustrajo el féretro a los difuntos y aquellas en las que no se hizo, indicando el motivo por qué no se llevó a cabo, "siendo indiscutible que las fechas reflejadas en los datos anotados son plenamente coincidentes con el periodo de fabricación y venta de cada uno de los soportes".

Por ello, el informe ve "razonable considerar que Justo M.G. realizó las anotaciones manuscritas de forma paulatina y ordenada, de tal forma que fue adquiriendo las libretas y completándolas con los datos en un perfecto orden cronológico, año tras año, conocedor de la actividad ilícita que se estaba realizando y que fue complementando con fotografías durante ese periodo de tiempo, con la más que probable intención de llevar a cabo una extorsión, como así fialmente hizo, razón por la que fue detenido".

UNA LIBRETA CON SU PRECIO EN PESETAS

Pero además, y para cimentar la certeza de que las anotaciones son antiguas, los expertos hacen referencia a que una de las libretas, la número 11, con datos de fallecimientos y sustracciones de féretros entre el 21 de julio y el 31 de diciembre de 2005, y fabricada por una empresa distinta, contiene en su contraportada una pegatina con el precio en pesetas, "lo que evidencia que fue puesta a la venta antes de finales de 2001, teniendo en cuenta que el euro entró en circulación en España en enero de 2002".

Dicho informe contrasta con otro, de parte, elaborado por una perito de la defensa del clan familiar de los Morchón en el que no se ve una clara evolución gráfica, propia de un largo periodo transcurrido de veinte años, y se apunta que todas y cada una de las leyendas que aparecen en las hojas finales y en las cubiertas han sido añadidas posteriormente a los textos y que no superan los seis años en su realización.

En su día, el letrado de los Morchón explicó que se trataba de una prueba para demostrar, como así sostiene, que la documentación aportada por Justo M. no se elaboró a lo largo de veinte años sino en un tiempo mucho más reducido y con el fin de "extorsionar" a los propietarios del grupo empresarial, al tiempo que pedía descartar las libretas como prueba porque se habían construido con una intención claramente delictiva.

Esas libretas, en la que figurarían los nombres de los fallecidos cuyos atáudes fueron sustiuidos por otros mucho más económicos antes del proceso crematorio, están siendo tomadas como referencia a la hora de aceptar la personación en la causa de los posibles familiares damnificados.

El exempleado de Grupo Funerario El Salvador Justo M, a partir de cuyos cuadernos se destapó el denominado 'caso Ignis', figura entre los 25 investigados en el marco de las pesquisas que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid.

Su titular investiga dsde enero de 2019, entre otras presuntas irregularidades, la supuesta sustitución de féretros por otros de mucho menor precio antes del proceso de incineración por parte miembros de la familia Morchón, propietaria del negocio funerario, y empleados del grupo. El periodo analizado comprende entre 1995 y 2015 y habría cerca de 6.000 afectados.

El propietario del negocio, Ignacio Morchón Alonso, de 75 años, salió en libertad provisional en junio de 2019 tras permanecer preso desde el día 2 de febrero y una vez garantizada fianza hipotecaria de 800.000 euros, mientras que sus hijos, que también llegaron a permanecer presos, recuperaron igualmente con anterioridad la libertad una vez abonadas fianzas hipotecarias por valor de otros 800.000 y 200.000 euros, respectivamente.

En marzo del pasado año la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León respaldó la declaración del caso como causa compleja por corrupción, atendiendo a la clase de delitos por los que se sigue, en particular, delito fiscal y/o blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, así como por la pluralidad de personas investigadas, la existencia de organización criminal, el elevadísimo número de perjudicados, la relevancia económica de las conductas investigadas y la especial complejidad de la instrucción, al tiempo que informó favorablemente la petición de apoyo de la instructor en cuanto a refuerzo de personal.