La Junta de Castilla y León garantizará por ley la prestación y la prioridad de las personas con discapacidad en el acceso a todos los recursos públicos para sus cuidados en el momento en que puedan faltar sus padres, hermanos u otros familiares que les cuidan.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, explicó las novedades del anteproyecto de ley de Ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, cuya aprobación prevé en el primer semestre de 2021.

La consejera presentó este texto al gabinete en la jornada en que se celebra el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, a las que trasladó junto a sus familias, un mensaje de «cariño» de la Junta de Castilla y León, como recoge Ical.

El anteproyecto, del que adelantó algunas de sus novedades, ha pasado ya por el portal de consulta previa en el Gobierno Abierto y está a la espera de los preceptivos trámites de los órganos consultivos.

La nueva ley surge de una demanda de las familias, se da respuesta a nuevas situaciones y responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con las personas más vulnerables, ya que en este momento en la Comunidad hay 178.000 personas con alguna discapacidad, manifestó Blanco, que se refirió a dar una respuesta ante la «inquietud» de padres y hermanos por estas personas cuando ellos falten.

Así, afirmó que van a tener prioridad en el acceso a los recursos públicos y puso como ejemplo que si una persona con discapacidad está a gusto en un centro no tiene por qué cambiar a otro, como una residencia, y se le facilitará que continúe donde desea estar.

El anteproyecto de ley se enmarca en el Plan de Personas con Discapacidad 2016-2020, con el que se dio en un paso desde la atención asistencial a otra centrada en la persona, en sus proyectos de vida, en lo que «necesitan y quieren, no en lo que quiere la Administración», precisó la consejera.

«Se da tranquilidad y seguridad» a este colectivo y sus familias, asentó Blanco, que detalló como se recogerán medidas en toda la transición vital de estas personas, desde la atención temprana en la educación hasta su acceso a la vida laboral y adulta, la jubilación y el envejecimiento activo.

Aspectos de la ley

La ley incluye varios aspectos: la atención centrada en la persona, la continuidad de apoyos, la promoción de la autonomía personal y la ética como base del modelo de atención primando el reconocimiento de la dignidad de la persona y sus valores, así como el derecho que debe tener toda persona con discapacidad para tomar decisiones sobre su propia vida.

Para ello se establece un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente incluso cuando falten sus familiares o tutores, y que se elaborará con el asesoramiento de un profesional de referencia contando con la familia, conforme a los deseos y preferencias de la personas con discapacidad. Finalmente, se plasmará en un itinerario vital denominado Proyecto de Vida que serán declaraciones de voluntad de las personas con discapacidad y de sus familias.