El consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy una “política fiscal ventajosa, muy especialmente en el mundo rural” y explicó que introducirán mejoras en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el IRPF.

En concreto, Carriedo se comprometió en aumentar las bonificaciones y deducciones del IRPF sobre todo en los municipios de menos de 5.000 habitantes, por nacimiento y adopción así como en las deducciones específicas para adquirir vivienda.

El consejero expuso que bonificarán en el 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos, lo que supone prácticamente su eliminación. En el medio rural, precisó que ampliarán los supuestos de bonificación del Impuesto sobre Sucesiones en el caso de empresa familiar y agraria. Además, aplicarán tipos reducidos, dijo, en el Impuesto de transmisiones Patrimoniales para la adquisición de primera vivienda en el mundo rural.

Junto a esto, Carriedo expuso que ampliarán el tratamiento fiscal favorable en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, para la transmisión de tierras y elementos productivos generadores de empleo en el mundo rural. “Esto se unirá al tipo reducido aplicable a la adquisición de inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas o negocios profesionales”, dijo.

Carriedo también indicó que prevén la posibilidad de que el contribuyente que no pueda aplicar totalmente el importe de las deducciones en la declaración de la renta del periodo impositivo en la que genera el derecho, pueda aplicar el remanente a lo largo de los tres periodos impositivos siguientes.

Armonización

Fernández Carriedo, que compareció ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes para presentar su programa de legislatura, también exigió al Gobierno la armonización fiscal de todas las autonomías y recomendó, como ya lo hizo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,que se aborde “con una reducción de cargas impositivas”.

El reto es que se “garantice la igualdad fiscal” pero permitiendo “seguir prestando unos servicios públicos de calidad desde la creencia de que “la reducción de cargas impositivas benefician el crecimiento económico y la generación de empleo”.

Nueva financiación autonómica

Carriedo se marcó cinco grandes objetivos para la legislatura que comienza, entre los que destacó el desarrollo de un política fiscal que baje impuestos para fomentar la inversión y el emprendimiento y que apoye a las familias, a los jóvenes y al mundo rural. Asimismo, recalcó su reto de acordar una nueva financiación autonómica que atienda el coste real de los servicios públicos, que pondere “adecuadamente” la extensión territorial y la dispersión de la población, así como el envejecimiento y la baja densidad demográfica.

Carlos Fernández Carriedo consideró hoy “prioritario y urgente” una “profunda reforma” del sistema de financiación autonómica que aporte recursos suficientes y se comprometió a defender que su reforma se asiente en los principios que consensuaron las Cortes y la Junta en abril de 2016, y que se refrendó de nuevo en enero de 2017 en el seno de la VI Conferencia de Presidentes, bajo los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia y corresponsabilidad fiscal.

En este sentido, también exigió de nuevo al Ejecutivo la transferencia fiscal pendiente de 440 millones de las entregas a cuenta de este año y de la liquidación del IVE de 2019, como ya exigió por carta el presidente de la Junta, junto al convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Fernández Carriedo también apostó por impulsar una política económica que mejore la competitividad y el empleo; y por priorizar un política sostenible y responsable y responsable en materia de endeudamiento y de contención del déficit público.

Carriedo, que vaticinó “grandes cambios en la estructura económica y productiva en nuestra tierra” los próximos años, ante los que se mostró “optimista”, también apoyó que se consolide una política presupuestaria que mantenga la “vocación de liderazgo en la calidad y nivel de prestación de los servicios públicos, así como en la capacidad de mejorar nuestras ventajas comprativas como Comunidad”.