Raúl García Agudo ha tomado el relevo de Gonzalo Franco al frente de la delegación provincial de CCOO después de ser durante cuatro años responsable del sector servicios en Valladolid. Empleado de la empresa Indra, cree que la clase trabajadora debe empezar a recuperar el terreno perdido en los últimos años y considera vital la derogación de la reforma laboral para ganar poder en la negociación colectiva.

Llega al cargo en un momento delicado para la economía en general y para los trabajadores en particular. ¿Qué objetivos se marca a medio plazo?

Lo prioritario es recuperar los derechos de la clase trabajadora. Lo que hemos vivido durante los años previos a la pandemia, y especialmente en Castilla y León, es una degradación constante de las condiciones laborales y los salarios. Esta Comunidad se ha convertido en una región residual para trabajar y comenzar un proyecto de vida. Es una pena. Hay que erradicar la pobreza laboral, eso de que la gente trabaje y no llegue a fin de mes, que está ocurriendo en muchos sectores. Durante cuatro año he sido responsable a nivel provincial de sectores muy precarizados, como la hostelería y el comercio, donde te encuentras dramas humanos. Incluso hemos detectado algunos casos de familias que no llegan a final de mes con dos trabajos. Hay un exceso de parcialidad que provoca que los ingresos sean muy limitados, pese a tener dos empleos.

Hace años que surgió esa figura del trabajador pobre, pero, lejos de erradicarla, parece que va camino de perpetuarse.

Confluyen muchas cosas. No hay estabilidad laboral y los salarios son muy bajos. Incluso el hecho de que una persona dedique un tiempo importante de su vida a hacer una formación para obtener un trabajo mejor remunerado no garantiza tener recompensa. Eso genera una desafección hacia la formación universitaria. Al final parece que la única oferta para los jóvenes es la del sector servicios, para desarrollar un modelo de vida basado en la precariedad y en la dependencia, en muchas ocasiones, de sus familias. Además, el coste del alquiler se ha incrementado considerablemente.

¿Son las condiciones económicas que se ofrecen en Castilla y León la única causa de la pérdida de tantos jóvenes?

No es solo una cuestión salarial, también influyen las condiciones en las que se pueden desempeñar esos trabajos. Por ejemplo, yo me he movido siempre en el ámbito de las consultorías de informática, donde las jornadas son extraordinariamente largas y no se pagan las horas extra. En todos los trabajos puede haber picos de actividad que requieran un esfuerzo, pero el problema es cuando eso se convierte en algo sistemático.

¿Qué parte de culpa tienen los sindicatos en el deterioro de estas condiciones laborales?

Las organizaciones sindicales siempre han estado ahí, pero es verdad que las reformas laborales aprobadas han restado mucho poder de negociación en los ámbitos sectorial y de empresa. La de 2012 vino a decapitar la fuerza que como sindicato podíamos tener en esas negociaciones. Eso ha hecho que nuestra capacidad de influencia se haya visto muy mermada. Al final la patronal siempre tiene la sartén por el mango y, además, no cumple lo que se pacta, como ha ocurrido con el Acuerdo Estatal de Negociación Colectiva, donde se aseguraban unos mínimos incrementos salariales.

Un acuerdo que no es vinculante.

Debería serlo, pero no lo es, por eso no se respeta. Y eso ha hecho que la brecha salarial con otras comunidades, donde sí se ha aplicado, se haya incrementado.

Tanto PSOE como Unidas Podemos prometieron derogar esa reforma laboral, incluso Pedro Sánchez dijo antes de ser presidente que era lo primero que iba a hacer. ¿Tienen algo que reprochar al Ejecutivo central?

Por supuesto. Llevamos muchos meses de un Gobierno de coalición que en teoría lo contemplaba dentro de su hoja de ruta, pero se está demorando en exceso esa recuperación de derechos, sobre todo a nivel de negociación colectiva. Esperamos que eso pueda revertirse en los próximos meses, pero depende de esa correlación de fuerzas que parece que hay en el Gobierno, que no sabemos cómo acabará.

¿Qué otros derechos importantes se han perdido en los últimos años?

Sobre todo, la prevalencia de los convenios de empresa y los descuelgues de convenios sectoriales. Con la reforma laboral y el Estatuto de los Trabajadores que tenemos ahora mismo cualquier empresa podría negociar su propio convenio y descolgarse del sectorial, que es el que marca unas mínimas condiciones a partir de las cuales se pueden mejorar en convenio de empresa. Pero sucede lo contrario. Se descuelgan del convenio sectorial y las modificaciones sustanciales tocan salario y jornada.

Otra de las reivindicaciones es la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que ha pasado de 655 euros en 2016 a 950 este año. ¿Qué cuantía considera que debería tener?

Lo adecuado es que esté en torno a 1.200 euros en catorce pagas, es decir, el salario medio de referencia. Es una retribución como para poder tener un proyecto de vida y de desarrollo personal.

¿Es alcanzable ese objetivo teniendo en cuenta lo que está costando intentar llegar a los mil euros?

Sí. Al final es un tema ideológico. Nadie veía eso de pasar de 600 a 900 y ha tenido que venir un Gobierno progresista para demostrar que no pasa nada. Seguir avanzando en ese camino es fundamental.

Antes de ser delegado provincial usted era responsable del sector servicios, uno de los más golpeados de la pandemia. Hay sectores, como el de la hostelería, que se han quejado de que las medidas sanitarias restrictivas han sido desproporcionadas. ¿Cree que han sido proporcionales?

Son las autoridades sanitarias las que han tomado esas decisiones. Es cierto que Castilla y León se ha visto muy golpeada por la pandemia y esas restricciones han aliviado la incidencia y las olas que hemos sufrido. Pero también es verdad que hay sectores que se han visto muy afectados, aunque ha habido herramientas para mitigar los efectos, como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que son los que han evitado una destrucción masiva de empleo. A día de hoy todavía hay más de 6.000 trabajadores en regulación en Valladolid.

¿Temen que esos ERTE se conviertan en ERE en unos meses y lleguen los despidos que se han contenido hasta ahora?

Sí, es uno de nuestros miedos fundamentales.

¿Y cómo se puede evitar?

Entendemos que el mantenimiento de las políticas de sustento de la actividad en base a esas prestaciones deben prolongarse lo máximo que se posible, mientras se recupera la normalidad y, sobre todo, el consumo. El incremento del SMI haría que la mayoría de trabajadores de Valladolid vea aumentado su salario y eso contribuiría a un mayor consumo y a que la rueda vuelva a girar.

Le negociación colectiva ha estado parada muchos meses. ¿Qué le pediría a la patronal cuando se retome con fuerza?

Solamente un cosa: que cumplan lo que se pacte en los Acuerdos Nacionales de Negociación Colectiva. Tenemos que salir todos de la crisis de la misma forma. No es normal que se acuerden unos incrementos con la CEOE estatal y las de Castilla y León y Valladolid no los cumplan. Con eso nos podemos dar con un canto en los dientes. Es el primer paso para evitar el mal endémico que tenemos en esta región y es necesario para evitar que vivir en Castilla y León no sea una propia pandemia, que es lo que pasa ahora.

Durante su etapa como responsable del sector servicio fue muy activo para denunciar la situación de los repartidores de comida. Los conocidos como riders. Incluso llegó a ‘infiltrarse’ en una entrevista de trabajo de la empresa Glovo para comprobar las condiciones. ¿Cómo fue esa experiencia?

Lo que ocurre con ellos y con otros falsos autónomos es aberrante, es una esclavitud absoluta. Tienen una dependencia brutal de una multinacional que te dota de unas horas para trabajar con una flexibilidad que es la que ellos quieren. Te pagan cuatro euros, pero te exigen estar a destajo, y dependiendo de si te habilitan o no unas horas para trabajar, una distribución que depende un algoritmo definido por la valoración que tenga cada rider. Cuando se instaló Glovo en Valladolid entendimos que no podíamos permitirlo y la mejor forma de saber cómo funcionaba fue infiltrarme en ese proceso de selección. Fue una entrevista grupal con una serie de aspirantes, entre los que había personas mayores, inmigrantes… gente que necesitaba ese trabajo para sacar unos euros para sostener el día a día. A partir de ahí hice una crónica que moví en redes sociales y tuvo mucha repercusión.

¿Intentó discutir con ellos o dar su opinión sobre las condiciones que ofrecían?

Sí. Mi posición era que quería tener un contrato de trabajo, una vinculación laboral. O tener yo la licencia de autónomo para operar con ellos. Pero eso eran lentejas. No había capacidad de negociar mucho con ellos, porque allí solo había una administrativa que venía fichar a la gente y a cobrar los 60 euros por la mochila que les daban. Y a engañarles, porque te obligaban a utilizar un servicios de asesoría con una empresa con la que tenían cierta afinidad. Allí ganaban todos menos los trabajadores.

¿Se ha generalizado mucho la figura de los riders en Valladolid?

Sí, es expansivo. Esperamos que con la nueva ley se controle mucho más porque se va a obligar a las operadoras a contratarles y pagar un salario de referencia. Lo estamos celebrando porque, quieras que no, hemos aportado nuestro granito de arena para conseguir este cambio.

¿Hasta qué punto ha afectado esta pandemia en las consultas y reclamaciones que trasladan los trabajadores al sindicato?

Desde que empezó el confinamiento el sindicato ha estado 24 horas al día y 365 días al año activo atendiendo las miles de consultas que hemos tenido. Ha habido mucha incertidumbre porque los cambios normativos se han ido sucediendo de forma muy rápida. Creo que hemos hecho una labor muy importante de respaldo a nuestros delegados y compañeros. Las dudas más habituales al principio eran las que tenían que ver con el uso de los equipos de protección individual, la distancia de seguridad, los cierres de los centros de trabajo y la capacidad de teletrabajar. El mayor número de dudas tenían que ver con la salud laboral.

¿Cree que los sindicatos han perdido respaldo social en los últimos años?

Es cierto que hay una desafección hacia el mundo sindical, pero la posición de CCOO durante este año ha revertido esa imagen. La negociación del diálogo social ha conseguido que tengamos un mayor protagonismo social a la hora de impulsar políticas activas de empleo y que la sociedad vea nuestra utilidad. Eso es lo que tenemos que ser, útiles para la sociedad y para los trabajadores.

¿Se ha notado en la afiliación?

Sí, aunque CCOO sigue siendo la organización con mayor nivel de afiliación a nivel estatal.

Antes ha dicho que algunas de las consultas que han tenido estos meses tenían que ver con el teletrabajo. ¿Cree que ha llegado para quedarse?

Sí, ha llegado para quedarse. Sobre todo porque se ha impulsado una ley que lo regula. Ha sido muy importante para sostener la actividad durante tantos meses. Además, es algo en lo que creo, porque yo estuve ocho años teletrabajando, desde que tuve mi primer hijo, y es algo que favorece la conciliación y el cumplimiento de objetivos en la empresa, porque mejora la productividad.

Las organizaciones sindicales han rechazado las primeras propuestas del ministro Escrivá para la reforma del sistema público de pensiones. ¿Qué aspectos debería recoger para facilitar el acuerdo?

Básicamente, sostener el incremento de las necesidades de la Seguridad Social con las cotizaciones más altas. Es el aspecto clave. Hay que eliminar la base máxima de cotización porque no es normal que se sostenga la Seguridad Social con la clase baja y media.