La polémica ha venido de nuevo de la mano de uno de los ministros más cuestionados del Gobierno de coalición que conforman PSOE y Unidas Podemos. Alberto Garzón, titular de Consumo, despotricaba contra la producción ganadera española con unas declaraciones en el tabloide británico The Guardian con unas declaraciones que acusaban al sector nacional de contaminar suelo y agua, y exportar esa carne de «animales maltratados». Las palabras del ministro, además de tirar de nuevo piedras contra su propio tejado, ensuciando de manera torticera e injusta al sector español, no se ajustan a la realidad. La normativa que la UE ha impuesto en lo que hace referencia al bienestar animal, al tratamiento de los residuos de estas explotaciones, a sanidad alimentaria o a las emisiones de gases, es muy estricta y los ganaderos patrios son los que más y mejor cumplen las directrices que se han implantado desde Bruselas. No es la primera vez que el ministro se pone en evidencia contra de los intereses de los productores. La anterior polémica se centraba en el, a su parecer, excesivo consumo de carne en España, una controversia que levantó las críticas y las iras de un sector que se veía tremendamente perjudicado.

Garzón, una vez más, se ha pasado de la raya, no sólo por haber criticado sin argumentos la sostenibilidad y la calidad del producto de las granjas de gran tamaño, sino porque demuestra un desconocimiento total sobre la realidad existente en el territorio nacional. Las principales organizaciones agrarias, como Asaja o UPA, ya han pedido la dimisión del ministro y Anafric, organización de ámbito nacional que defiende los intereses de las empresas ganaderas y cárnicas, considera que estas afirmaciones son «una infamia y una burla», y muestran «un absoluto desconocimiento del sector», por lo que van a solicitar una reunión al más alto nivel para reivindicar su buen hacer y exigir una rectificación. La oposición, con el PP a la cabeza, también ha exigido una aclaración, mientras que Garzón se volvía a reafirmar en sus declaraciones en una red social, sin medir que sus palabras estaban haciendo un flaco favor a los intereses de los productores españoles, dando una imagen nefasta, muy alejada de la realidad y de las exigencias que demanda el mercado.

Garzón debe saber que su cargo implica defender los intereses de los españoles y no la surrealista acción de abanderar una falacia, generalizando y sin medir las consecuencias económicas que pueden acarrear en el sector declaraciones en periódicos de países que son clientes potenciales y en los que la imagen de la agroalimentación española era hasta ahora excelente.