El Laboratorio Agrario Regional (LAR), dependiente de la Consejería de Agricultura y Ganadería, va a paralizar su actividad el día 20 de julio por falta de funcionarios al jubilarse un día antes el único administrativo que tiene, según denunció hoy en un comunicado la Junta de Personal de Funcionarios de los Servicios Centrales.
A su juicio los responsables de la Junta de Castilla y León son incapaces de gestionar con un mínimo de eficacia este centro, que recalcó realiza funciones como buscar compuestos nocivos y residuos de plaguicidas en los alimentos para personas o animales; residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos o piensos; y realizar analíticas de las propiedades de cereales o de calidad de fertilizantes.
"En el Laboratorio Agrario Regional hay 15 plazas de funcionarios, pero a día de hoy, solo hay siete funcionarios trabajando en este Laboratorio y más aún, ni uno de estos siete funcionarios está ocupando la plaza que tiene en propiedad, es decir, ninguna de las 15 plazas de funcionarios del Laboratorio Agrario Regional está ocupada por el funcionario titular de esa plaza", indicó la Junta de Personal. "Resulta casi imposible realizar las cosas tan mal. Ni adrede se consiguen estos resultados tan nefastos para el funcionamiento de este Laboratorio", añadió.
Asimismo, recordó que en el año 2006 se produjo el primer atentado contra este centro, cuando se impidió que fueran utilizados sus servicios por empresas agroalimentarias y por agricultores y ganaderos particulares de Castilla y León y de España. Esto, señaló, supuso una reducción aproximada del 75 por ciento de su actividad. "Política diametralmente opuesta a la que se sigue en el Laboratorio de la Construcción de la Junta de Castilla y León, que sí puede hacer ensayos a empresas y particulares", denunció.
Igualmente, denunció que en enero de 2014 se nombró “a dedo” a un nuevo director, que no apuntó no tenía la titulación requerida para ocupar el citado puesto. "Desde ese momento se producen unas oscuras conexiones de entre el Laboratorio Agrario Regional y un laboratorio privado, donde trabajaba como directora técnica del laboratorio la mujer del director".
Todas estas "anomalías", remarcó la Junta de Personal, fueron denunciadas por el Movimiento Viernes Negro de Burgos, ante la Junta de Castilla y León y el Procurador del Común, que en febrero de 2015 dictó una resolución que instaba a la Consejería de Agricultura y Ganadería a adoptar “cuantas medidas resulten pertinentes a fin de garantizar la más eficaz prestación de servicios en el Laboratorio Agrario Regional de Burgos”.
"Este cese de actividad, no solo supone un mayor riesgo para la salud de los ciudadanos de Castilla y León, sino que además implica un importante coste económico para las arcas de Castilla y León, ya que aunque el Laboratorio cese su actividad, las nóminas de sus trabajadores se van a tener que seguir pagando", advirtió.
Además, consideró que supone un "claro desprestigio" de la imagen de Castilla y León, dado que se tendrá que notificar al resto de Comunidades Autónomas que enviaban muestras, que ya no se analizarán, y máxime debido a un problema de falta de personal administrativo.
Por ello, la Junta de Personal de Funcionarios de Servicios Centrales solicitó a los responsables de la Junta de Castilla y León que se preocupen "de la gente" de Castilla y León y solucionen el problema de falta de funcionarios en el Laboratorio Agrario Regional.