La Fiscalía de Valladolid ve indicios de delito en la tramitación del proyecto de Meseta Ski de la Diputación provincial y, tras un año de análisis de la denuncia y las conclusiones de la comisión de investigación creada en la institución provincial, ha acordado remitir al juzgado el caso para depurar posibles responsabilidades.

El portavoz del Grupo Provincial Popular, Agapito Hernández, confirmó hoy la decisión de la Fiscalía, al tiempo que manifestó su total respeto a la Justicia y afirmó que la Diputación colaborará con el juzgado de instrucción que lleve el caso. Indicó que por el momento continuará paralizado el proyecto de Meseta Sport hasta que todo se aclare en la vía judicial. 

Hernández se reafirmó en la postura que mantuvo el PP en la Comisión de Investigación, donde él mismo defendió que no se observaban indicios de delito en la tramitación del proyecto, aunque sí reconoció que había sido una iniciativa que ha dejado "mucho que desear" durante todo el proceso administrativo. "Ahora esa opinión no es importante, sino la de los tribunales".

La acusación pública entiende que hay indicios de prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la contratación y gestión del proyecto de pista de esquí seco iniciado en la localidad de Villavieja del Cerro, pedanía de Tordesillas, a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo Valladolid (Sodeva), con el grupo empresarial Corsan-Corviam, según informó Europa Press. 

El expediente de Meseta Ski fue remitido el pasado 14 de agosto por la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 4, en funciones de guardia, si bien será hasta la próxima semana, según añade el citado rotativo, cuando el Decanato turne el asunto al juzgado que finalmente se ocupará de estas diligencias. 

Portavoces en la Diputación del Grupo Socialista, Sí Se Puede y Toma la Palabra en la anterior corporación provincial denunciaron ante el departamento de Soledad Martín Nájera que el contrato pasó de 4,06 millones a comprometer ingresos a favor del contratista de 20,6, aunque el contrato se resolvió de forma anticipada como consecuencia de distintas sentencias desfavorables a Sodeva, de manera que finalmente se ejecutó por importe de 12 millones. 

En su denuncia, sostenían que la obra se adjudicó vulnerando los requisitos de la contratación pública y que, presuntamente, se urdió y acordó la ocultación del verdadero importe de los ingresos comprometidos, así como el verdadero volumen de la obra pretendido y ejecutado con el objeto de posibilitar trato de favor al contratista.