El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este miércoles ante el Pleno la modificación normativa que tiene como objetivo flexibilizar el Presupuesto para afrontar gastos excepcionales como pueden ser los derivados de la covid-19 y, un cambio que "se hace más necesario" ante la "insuficiencia" de recursos del Gobierno y los "recortes" en torno al fondo no reembolsable.
El consejero ha señalado en su intervención que la crisis sanitaria causada por la covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de afrontar "importantes" gastos inicialmente no previstos para la Comunidad y cuya realización es "absolutamente necesaria", para garantizar la adecuada asistencia sanitaria a aquellos afectados por la enfermedad.
Además, como ha señalado, también ha sido necesario garantizar la prestación de los principales servicios públicos, cuyas condiciones de exigencia se han visto incrementadas, y, finalmente, para dar respuesta a situaciones económicas y sociales de aquellos que se han visto especialmente perjudicados por las consecuencias de la crisis.
Así, el Proyecto de Ley que este miércoles ha defendido en las Cortes se tramita por el procedimiento de Lectura única, modifica un artículo de la Ley de Hacienda de Castilla y León y añade un nuevo apartado, en el que se indica que se podrá destinar remanente de tesorería para financiar gastos del ejercicio en el que se haya producido una crisis o los efectos derivados de la misma.
Además, a juicio de Fernández Carriedo, este Proyecto de Ley es todavía "más necesario" ante la "insuficiencia" de recursos procedentes del Gobierno de España hacia Castilla y León, que ha "recortado" los criterios iniciales de reparto para sanidad y servicios sociales del fondo no reembolsable constituido por el Gobierno.
Según el conejero, estos "recortes" perjudican a comunidades como Castilla y León que han tenido una mayor incidencia de la pandemia, cuentan con una mayor dispersión territorial y un mayor porcentaje de población mayor de 65 años.
Por ello, desde el punto de vista del régimen presupuestario de las Administraciones, se considera "necesario" establecer mecanismos que garanticen la "máxima flexibilidad" para atender los gastos que deriven de situaciones de Emergencia de Salud Pública como la vivida actualmente.