Las Cortes rechazaron hoy con los votos de PP y Ciudadanos instar a la Junta a poner en marcha un plan de ayudas con al menos 80 millones de euros para apoyar a los autónomos y pequeñas empresas que sufren las consecuencias del COVID-19, como defendió el portavoz socialista, Luis Tudanca, quien también reclamó que se apruebe en un mes para que puedan reiniciar su actividad y Castilla y León tenga un mejor futuro, informa Ical.

En el pleno, ‘populares’ y ‘naranjas’ defendieron las medidas puestas en marcha por la Junta en el marco del Diálogo Social frente a la crisis del coronavirus y el Pacto para la Recuperación, el Empleo y la Cohesión Social para rechazar la proposición no de ley que presentó Tudanca, quien insistió en que los autónomos y las pequeñas empresas son los que construyen barrios y ciudades y remarcó que han sufrido mucho y que necesitan ahora la ayuda de la Comunidad.

Por ello, el socialista defendió que todas las comunidades han puesto en marcha medidas para este colectivo, menos Castilla y León, y pidió dar un paso más, puesto que señaló están recibiendo muchas ayudas de los ayuntamientos. Además, consideró necesario que las administraciones se vuelquen en proteger a las más vulnerables, en ayudar a los autónomos y las empresas. “Cuanto más decisiva sea la actuación de la Junta”, consideró que menos sufrirán los castellanos y leoneses.

Tudanca aseguró que la lucha contra el coronavirus no ha terminado, por lo que reiteró que es necesario extremar la prudencia para no tener que lamentar nuevos rebrotes y para que el sufrimiento no haya sido en vano. Indicó que no se ha vencido al virus y tampoco se vislumbran las consecuencias que tendrá en la sociedad.

De la misma forma, Luis Tudanca señaló que el Pacto para la Recuperación no agota todo, ni impide a los grupos hacer nuevas propuestas. Por ello, aseguró que no entiende a PP y Ciudadanos y advirtió de que no van a tener un contrato de adhesión. Además, insistió en que la Junta no ha recibido todavía “ni un solo euro” y consideró “fácil” gobernar como lo hace la Junta, que recalcó “no da un palo al agua”.

“Hay que tener morro”, añadió para decir que el Gobierno no le ha dado nada a la Comunidad, cuando ha aprobado enviar 350 millones del fondo no reembolsable y ha dedicado 198 millones a las prestaciones para los autónomos de Castilla y León. “Ahora son rancios también los autónomos y las empresas”, se preguntó como los sindicatos, y celebró que la iniciativa socialista haya permitido movilizar cinco millones en ayudas directas.

El ‘popular’ Alberto Castro rechazó que no se haya hecho “nada” en la Comunidad y argumentó que es “fácil” hacer oposición y no tener en cuenta los límites presupuestarios y la falta de financiación. Así, criticó que los socialistas dejen solos a los dirigentes de la Junta cuando pide más fondos y señaló que el Ejecutivo ha retirado 80 millones para formación a la Comunidad, junto con los 182 millones del IVA o los recursos del Fondo extraordinario no reembolsable. Además, se refirió a las medidas aprobadas por la Junta, que dejan a su juicio sin sentido la iniciativa.

En representación de Ciudadanos, María Montero también negó que la Junta no haya ayudado a los emprendedores con la crisis del COVID-19 y recordó el pacto del Diálogo Social de marzo y el decreto-ley aprobado, con medidas como la tarifa plana, el programa Reincorporate o las ayudas a los que han cesado su actividad, junto a las dedicadas al sector cultural. Por ello, planteó la enmienda para instar a la Junta a establecer nuevas medidas de choque para favorecer a los autónomos y microempresas más afectados en el marco del diálogo Social.

El parlamentario de Podemos Pablo Fernández apoyo dedicar de inmediato ayudas a los autónomos, que insistió constituyen la base del tejido económico y que sufren de forma “cruenta” la gestión de la Junta, que comparó con la “honradez” del rey emérito Juan Carlos I, puesto que señaló Castilla y León es la autonomía que más emprendedores pierde. “Los negocios cierran y ustedes se quedan mirando como las vacas al tren”, dijo.

El procurador de UPL Luis Mariano Santos insistió en que esta línea de ayudas podría estar incluida o no en el acuerdo suscrito. Por ello, consideró que es una medida “voluntarista” y con “lagunas”, por lo que puso en duda que la dotación tenga que ser de 80 millones, y señaló que mantener 12 meses un negocio justifique la percepción de estos fondos.

Finalmente, el parlamentario de Vox, Jesús García-Conde aseguró que no entiende a qué pacto se ha llegado en Castilla y León cuando no se ponen de acuerdo en qué medidas se deben poner en marcha, por lo que avanzó su abstención.