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Un grupo buscará soluciones al problema de cobertura de TDT

SPC
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Informa a las nueve diputaciones de Castilla y León sobre la situación de las telecomunicaciones en la Comunidad

Una persona sostiene un mando de la televisión. - Foto: Europa Press

La Junta y las diputaciones provinciales abordaron la necesidad de mejorar la cobertura de la televisión digital terrestre en el ámbito rural. Para ello acordaron la constitución de un grupo de trabajo para concretar las necesidades en esta materia en todo el territorio de la Comunidad mediante un estudio de la red autonómica de repetidores de televisión y de las infraestructuras que los soportan. 

Según informó el Ejecutivo en un comunicado, el objetivo de estos trabajos será contar con un diagnóstico sobre las posibles zonas de sombra y la disponibilidad de canales, a fin de dimensionar adecuadamente las inversiones necesarias para garantizar un servicio de televisión de calidad en todos los pueblos de Castilla y León, aprovechando el marco de los convenios firmados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y las diputaciones en 2020.

El viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, José Luis Sanz, acompañado por la directora general de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Junta, Elena Álvarez, se reunieron por videoconferencia con representantes de nueve diputaciones provinciales de Castilla y León para estudiar la situación actual y las perspectivas de futuro de las políticas de telecomunicaciones como consecuencia de los fondos europeos de recuperación. 

En particular se analizó la resolución del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del pasado día 2 de diciembre por la que se resuelve la última convocatoria de ayudas a operadores para el despliegue de Internet de banda ancha, que es la primera financiada por los fondos del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia. Hasta esta convocatoria se habían realizado con fondos del Gobierno de España y de la Junta de Castilla y León.

La resolución de dicha convocatoria de subvenciones a los operadores de 2021, enmarcada en el denominado programa 'Único', se traduce en Castilla y León en un total de 53,87 millones de euros en ayudas a nueve proyectos de ámbito provincial para el despliegue de banda ancha, a ejecutar por las dos empresas operadoras que han resultado adjudicatarias: Adamo Telecom Iberia en Palencia y Zamora, y Telefónica España en el resto de provincias de la Comunidad. 

Estos proyectos permitirán llevar la cobertura de Internet a una velocidad mínima de 300 Mbps a 195.569 viviendas de 1.066 municipios diferentes de Castilla y León, lo que supondrá un avance decisivo en la disponibilidad de servicios de conectividad en el mundo rural. Esta actuación se enmarca en los objetivos de la estrategia España Digital 2025 de dotar de cobertura de Internet a 100 Mbps al 100 por 100 de la población española a finales de 2025 y de 30 Mbps de cobertura móvil en 2023.

Conectividad

Por otra parte, el viceconsejero Sanz Merino expuso a los representantes de las nueve diputaciones las actuaciones que pondrá en marcha la Junta con cargo a los 29,5 millones de euros de fondos europeos asignados a la Comunidad el 6 de octubre en la Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, en el marco de los componentes 15 y 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

En este sentido está previsto reforzar la conectividad en centros públicos asistenciales o sociales; convocar una línea de subvenciones para dotar de conectividad a polígonos industriales y centros logísticos; desarrollar un programa de bonos de conectividad de banda ancha para familias y colectivos vulnerables, y convocar ayudas a la adecuación de infraestructuras de telecomunicaciones en edificios antiguos.

Formación

Por otra parte, la Administración autonómica formará en competencias digitales básicas a más de 35.000 ciudadanos antes de que finalice 2025, para cual se impartirán cursos de formación de diez créditos (250 horas) dirigidos especialmente a colectivos en riesgo de exclusión digital, como las personas mayores, las personas con bajos niveles de renta, las de bajo nivel educativo o las residentes en el medio rural.