Las oficinas de extranjería de Castilla y León tienen pendientes de resolver 1.420 solicitudes de regularización tras reducir sus funcionarios la cifra en un 37 por ciento durante el estado de alarma. Se trata de 863 menos que antes del 14 de marzo. En España se ha pasado de 101.728 expedientes pendientes a 59.166 el 21 de junio, con una reducción del 42 por ciento, según informó el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que destaca que el volumen ha bajado “de manera significativa” por el trabajo “permanente” de los empleados públicos, que “ha permitido resolver expedientes acumulados”.
Por provincias, en Ávila están pendientes a fecha actual 53 expedientes, once menos que antes del estado de alarma; en Burgos, 95, con 344 menos (la cifra más alta de la Comunidad); en León aún faltan 145, 56 menos; en Palencia, 78, con 14 resoluciones durante el confinamiento; en Salamanca, 213, con 26 menos; en Segovia, faltan 301, con 133 menos; en Soria, 145 expedientes, con 53 menos; en Valladolid están por resolver 323, pero son 142 menos que hace cuatro meses; y en Zamora, 67 pendientes, 57 menos, informa Ical.
A pesar del estado de alarma, la presentación de solicitudes no se frenó gracias a la posibilidad de ejercerlo telemáticamente. Así, las oficinas de extranjería reflejaron tres fases: un primer mes marcado por valores muy bajos, coincidiendo con las semanas más restrictivas; un segundo, desde mediados de abril al 25 de mayo, protagonizado por el incremento paulatino de solicitudes, siempre por vías no presenciales; y una tercera etapa, con apertura de oficinas, con un aumento en la presentación de solicitudes por vía presencial y electrónica.
Para facilitar el proceso, desde la Dirección General de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se dieron instrucciones para flexibilizar la presentación vía telemática en la sede electrónica y a través del Registro Electrónico Común.
Además, en la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Función Pública se habilitó el procedimiento de tramitación presencial más voluminoso, las Tarjetas de Familiar de Ciudadano de la UE a principios de abril; que se sumó a la Residencia por Reagrupación Familiar (habilitada en enero) y los procedimientos de Autorización de Estancia por Estudios y las diferentes renovaciones, prórrogas y residencias de larga duración o permanente, que ya estaban disponibles previamente en sede electrónica.
En la segunda etapa fue también determinante el Convenio con el Consejo General de la Abogacía, que permitía a los abogados la tramitación telemática y que hizo que entre el 13 de mayo y el 24 de mayo, último día sin apertura al público, se alcanzara el mayor porcentaje de presentación en sede electrónica respecto al total de solicitudes presentadas, con un 45 por ciento, cuando antes del estado de alarma la presentación online se situaba en ratios inferiores al 10 por ciento.
Durante los más de tres meses de estado de alarma se han recibido un total de 80.515 solicitudes de autorizaciones, que representan un volumen equivalente a un 38 por ciento de las solicitudes en situación ordinaria.
Grabación de solicitudes
Las solicitudes tienen que ser grabadas digitalmente para iniciar su tramitación. Esta actividad ha venido condicionada por dos variables durante el estado de alarma: la entrada de nuevas solicitudes y la existencia de las previas pendientes de grabación. En este periodo se han grabado más de 99.236 expedientes. De ellos, 977 corresponden a Castilla y León. Por provincias, 94 se llevaron a efecto en Ávila; 125 en Burgos; 164 en León; 53 en Palencia; 153 en Salamanca; 54 en Segovia; 102 en Soria; 181 en Valladolid; y 51 en Zamora.
Resoluciones emitidas
La emisión de resoluciones es la actividad que ha presentado mayor volumen y mejores resultados. Se comunicaron en España 141.798 expedientes en este sentido, de las que 1.707 se produjeron en Castilla y León. Este procedimiento se ha mantenido estable a lo largo de todo el estado de alarma, con cifras semanales de unas 10.000 resoluciones de media, lo que ha permitido avanzar en la reducción del volumen de expedientes pendientes, a pesar de las limitaciones por la suspensión de los plazos administrativos (del 14 de marzo al 1 de junio), permitiendo resolver todos aquellos expedientes que habían sido tramitados pero no resueltos.