El atasco judicial de Valladolid vuelve a superar los 20.000 casos pendientes tras siete años por debajo de esa barrera, un periodo en que incluso se acercó a la franja de los 10.000 durante la desescalada de la penúltima crisis económica. En 2010 tocó techo, con aquellos 28.046 asuntos sin resolver que llegaron a acumularse, y descendió hasta los 13.102 de 2016, cuando de nuevo empezó a engordar hasta anotar, en este último ejercicio, un repunte del 19%. Así, el año de la pandemia deja 3.598 asuntos pendientes más en los 46 juzgados y tribunales de la provincia, alcanzando los 22.557.
El coronavirus lo paralizó todo, también la actividad cotidiana de los juzgados. En la primera ola, se pasaron casi tres meses resolviendo solo los asuntos urgentes antes de ir volviendo a una nueva normalidad que exigía unir a todos los agentes jurídicos para lanzarse a los juicios telemáticos y a los señalamientos de vistas vespertinas. Unas medidas que quizá eran de futuro pero que se implantaban a la carrera, en un presente inesperado y exigente para evitar un colapso judicial.
Ahora, un año después de aquella progresiva vuelta a la actividad, se aprecian los resultados del pionero protocolo ‘made in Valladolid’ que se ha demostrado exitoso, pese a las frías estadísticas que hablan de un repunte del sempiterno atasco judicial vallisoletano. Porque, sí, ha aumentado el número de asuntos pendientes, pero el justiciable no se está topando con unos juzgados colapsados, señalando sus vistas para dentro de año y medio, como ocurría hace no tanto.
«Los juzgados y tribunales de Valladolid han hecho un ingente trabajo que ha conseguido paliar en su mayor parte los retrasos que se derivaban de un hecho carente de precedentes: la paralización de la actividad judicial de marzo a junio de 2020», ensalza Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial.
En el mismo sentido, el decano del Colegio de Abogados, Javier Martín, destaca aquel reinicio de la actividad tan temprano que hubo en Valladolid gracias a la firma de un protocolo para la celebración de juicios telemáticos, «antes incluso que el aprobado por el CGPJ»: «El impulso por parte de la abogacía vallisoletana ha sido fundamental para poder realizar vistas y retomar una cierta normalidad. Además, el diálogo entre abogacía y decanato permitió evitar el colapso que podría haber generado la presentación indiscriminada de demandas». El decano de los abogados cree que «el sacrificio para la readaptación de la Justicia a la nueva situación está resultando ejemplar en Valladolid y está dando sus frutos»
TRAS EL ESTADO DE ALARMA
El juez decano de Valladolid, por su parte, también destaca la capacidad de adaptación que tuvieron todos los agentes jurídicos para que, «en la actualidad ya se esté funcionando a pleno rendimiento», si bien Emilio Vega reconozca la incertidumbre sobre que pasará al decaer el estado de alarma y el posible repunte de la litigiosidad, ya que «seguramente, algunas jurisdicciones aumentarán exponencialmente su ingreso, con el consiguiente riesgo de colapso en los órganos que ya se encuentran sobrecargados (Social y Mercantil)».
La decana de los Procuradores, Mar Abril, también cree que «se ha notado el gran esfuerzo que se ha hecho por parte de todos», con la ayuda de las vistas telemáticas, que «supusieron un gran avance» y que «dio un gran impulso a los asuntos suspendidos», a pesar de que este salto al futuro «puso en evidencia la carencia de medios tecnológicos que sufren los juzgados y la necesidad de una gran inversión».
«El gran esfuerzo realizado por todos los que integramos la justicia desde que se levantó la suspensión de los plazos procesales hace que, en el caso de Valladolid, las vistas estén ya casi en la normalidad, salvo en el ámbito laboral y muy por delante de otras provincias», destaca en igual sentido el delegado de CCOO en los Juzgados. Pero Raúl Franco también pone el énfasis en otros problemas derivados de esta situación, como es la ejecución de sentencias, ya que, según recuerda, «se trata de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado»: «Las dos cuestiones combinadas, una detrás de otra, es la que hablaría de la efectividad de la justicia».
INSTRUCCIÓN, PARA JULIO
Y es que la realidad de la práctica totalidad de los juzgados vallisoletanos es que se han recuperado los plazos de señalamientos ‘precovid’. Las fuentes consultadas por El Día de Valladolid sitúan el mayor retraso en el ámbito Social, donde se están fijando vistas para enero de 2022, aunque los juicios sobre despidos se ven en apenas cuatro meses. En el resto de jurisdicciones, la fecha se sitúa en el próximo otoño o incluso antes, pues, por ejemplo, los juicios por delitos leves de los juzgados de Instrucción se fijan para julio
En Primera Instancia se mueven entre septiembre y noviembre, si bien preocupa la situación que hay en el 4 (y el 4 bis, encargados de los asuntos de cláusulas bancarias abusivas) y en los tres encargados de los asuntos de Familia, ámbito para el que se viene exigiendo desde hace años un cuarto juzgado. En Penal, se señala para diciembre en algún caso, pero la mayoría está en septiembre.
Esta ‘foto’ acerca los plazos a la normalidad ‘precovid’, a pesar de que ciertas jurisdicciones hayan visto incrementado su atasco en hasta un 57%, como ha ocurrido, precisamente, en los juzgados de lo Penal, donde se ha pasado de los 123 casos que, de media, arrastraba cada juez al cierre de 2019 a los 194 de finales de 2020, el último dato hecho público por el CGPJ.
Las cifras más gruesas están en la jurisdicción civil, donde los doce juzgados de Primera Instancia acumulan un atasco medio de 776 casos por órgano, un 24% más que los 626 que había un año antes. En Familia solo aumentó un 4%, pero aún así hay 525 de media en cada uno de los tres juzgados, números muy similares a los de Instrucción (536), tras un repunte también del 24% durante el año de la pandemia. Los cuatro juzgados mixtos de la provincia, de los que hay tres en Medina y uno en Rioseco, también experimentan un crecimiento de la pendencia del 26%, hasta los 342 casos de media por juzgado. El otro incremento, este de un 8%, se da en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que tiene 105 pendientes.
EL CASO DE SOCIAL
La entrada en funcionamiento, en enero de 2020, del quinto juzgado de lo Social ha provocado un efecto engañoso en el análisis estadístico judicial de la jurisdicción. Oficialmente, solo ha crecido un 2,7%, al pasar de los 696 casos de media que había al cierre de 2019 a los 715 de 2020, pero es que, en realidad, el atasco se disparó un 28%, pues hay cerca de un millar de asuntos acumulados más, pero con la peculiaridad de que ahora se reparten entre cinco, en vez de entre cuatro juzgados. Estadística al margen, lo único cierto es que la llegada de Social 5 debería ayudar a mitigar un atasco que temen que se dispare en cuanto decaigan los ERTE de estos 14 meses de pandemia, motivo por el que se han previsto ya refuerzos excepcionales.
En el lado opuesto de la balanza, los casos de Mercantil, Menores, Contencioso-Administrativo y las salas Civil y Penal de la Audiencia Provincial, que consiguieron llegar al final de 2020 con menos atasco del que tenían en 2019. Las secciones I y III de la Audiencia (civil) arrastran una media de 522 casos cada una, por los 63 de las penales, mientras que en Menores los pendientes han bajado un 37%, hasta los 95. En Contencioso se anota una caída del 11% para llegar a 176 de media por cada uno de los juzgados que hay en Valladolid. Y en Mercantil, a la espera de la llegada del número 2, la cosa sigue estancada en la franja de los 400.
Así, en términos absolutos, en Valladolid se arrastra un atasco de 501 asuntos por juzgado o tribunal, por los 430 que se acumulaban el año anterior, cuando todavía eran 45 los juzgados.