A mediados del pasado mes de marzo, recién comenzada la pandemia, el Gobierno aprobó un paquete de medidas «urgentes y extraordinarias» para aliviar las consecuencias económicas de una crisis que, tal y como anticipaba el documento en el Boletín Oficial del Estado, estaba «sometida a un elevado nivel de incertidumbre» que no ha desaparecido siete meses y medio después.
Una de las medidas estrella fue los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor. Una herramienta que ha servido para que cientos de miles de personas conserven el empleo... pero no todas. Hay otro grupo que ha pasado a engrosar las listas del paro, tal y como revelan los datos de la Encuesta de Población Activa. Valladolid cerró el tercer trimestre del año con 29.100 desempleados, 5.800 más que a mediados de año. Pero, además, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia ya hay 10.500 hogares con todos sus miembros en paro. Una cifra que solo tiene en cuenta las viviendas en las que hay alguna persona en disposición de trabajar. Es decir, que forma parte de la población activa. No entraría en este cálculo, por ejemplo, un hogar formado por un jubilado y un niño menor de 16 años.
Son 1.900 hogares más en esta situación que hace dos años, pero 300 menos que hace uno, aunque lo particular de su situación es la incertidumbre a la que se enfrentan para reincorporarse a un mercado laboral en horas bajas. A nivel nacional ya hay casi 1,2 millones de familias en esta situación.
La EPA también deja en Valladolid datos que podrían invitar a un injustificado optimismo. Por ejemplo, el incremento de 5.900 ocupados para llegar a los 219.700, una subida que se produce al comparar esta cifra con la del segundo trimestre, en parte del cual la actividad del país estuvo casi parada por completo. De hecho, esos 219.700 ocupados siguen estando por debajo de los 230.300 que había antes de que empezara la pandemia. Además, la tasa de paro ha pasado del 9,8 al 11,7 en el tercer trimestre.
Los datos también demuestran que la destrucción de empleos recae, principalmente, en dos sectores: servicios e industria. El primero ha pasado en seis meses de 172.600 ocupados en Valladolid a 161.400, y el segundo, de 35.900 a 31.900. En la provincia pesa la incertidumbre de las grandes marcas de automoción, que han tenido que hacer recortes de la producción por la caída de ventas, mientras que los hosteleros están en una situación extrema por las restricciones impuestas para frenar la ola de contagios.
Actualmente la provincia de Valladolid tiene 516.546 habitantes, de los que 439.800 tienen más de 16 años, si bien la población activa, que excluye a colectivos como los estudiantes y jubilados, solo está formada por 248.800. Es decir, un 48,1 por ciento del total. Según los datos de la EPA, la población activa, a su vez, se divide entre las 219.700 personas ocupadas y los 29.100 parados, 4.900 de los cuales son desempleados que buscan su primer puesto de trabajo. Básicamente, jóvenes que acaban de terminar sus estudios.
Ingreso Mínimo Vital
Por otro lado, como ya sucediera con las ayudas vinculadas a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas de fuerza mayor, la tramitación de las solicitudes del Ingreso Mínimo Vital van mucho más lentas de lo que les interesados querrían. Esta ayuda se aprobó a mediados de junio para que los ciudadanos en una situación económica más precaria tuvieran garantizados unos ingresos de al menos 426 euros al mes. Un dinero que podría llegar hasta los 708 euros en el caso de las familias con tres o más personas a su cargo.
Pues bien, según los datos facilitados hace unos días por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Gobierno tiene sobre la mesa 8.754 expedientes de solicitudes de vallisoletanos, de los cuales solo ha resuelto 3.374, menos de la mitad, una proporción que se repite a nivel nacional si se tienen en cuenta todos los expedientes, aunque son algo más de la mitad si solo se tienen en cuenta los válidos.
las cifras. De entrada, se rechazaron 629 de ellos al estar duplicados. De los 8.125 restantes, se han aprobado 1.553 y se han denegado 1.821, al no cumplir los solicitantes con los requisitos. Por lo tanto, hay otras 5.380 personas pendientes de una resolución. «Tras los ajustes normativos del mes de septiembre, realizados después de la primera evaluación de la prestación, el ritmo de tramitación ha ido aumentando», aseguran desde el Ministerio. El ministro, José Luis Escrivá, se comprometió a realizar una nueva evaluación de la prestación a principios del próximo año para conocer su cobertura real.