El nuevo contrato que aprobó en febrero de este año el Ayuntamiento de Valladolid para el albergue municipal implicaba un cambio sustancial respecto al anterior: la puesta en marcha de una atención integral para las personas sin hogar durante 24 horas, y no solo durante la noche. Era una forma de dar respuesta a los propios usuarios, que reclamaban disponer de un 'cuartel general' donde, por ejemplo, poder asearse o prepararse antes de ir a trabajar, los que tienen la suerte de disponer de un empleo, generalmente precario.
Atendida esta petición, la demanda de utilización del albergue se ha incrementado este año ostensiblemente. Si en los años anteriores la ocupación media anual no superaba el 70 por ciento, entre enero y agosto de este año ha sido del cien por cien; en septiembre, del 93 por ciento y en los primeros días de octubre, cuando el frío empieza a asomar, del 97 por ciento. Y todo ello, pese a que el albergue ha incrementado sus plazas desde que a principio de la pandemia se trasladó desde la sede del paseo del Hospital Militar, pendiente de una ampliación, a las del paseo de Extremadura, en La Victoria. Este cambio ha hecho que se pase de 58 plazas a 64, de las cuales 46 son para hombres, 16 para mujeres y dos para emergencias.
Este incremento de la demanda tiene su base en el que el albergue ha dejado de ser solo un espacio al que ir a dormir para convertirse en un centro integrado de personas sin hogar, en el que los usuarios reciben un servicio integral para intentar que, en la medida de sus posibilidades, consigan normalizar su vida. Así, se imparten talleres de habilidades sociales y de mejora de la autonomía, en los que se ofrecen conocimientos para la búsqueda de vivienda, la gestión económica, preparación del currículo, búsqueda de empleo y preparación de entrevistas de trabajo. También se ofrece formación en materias como la inmersión lingüística y cocina y un taller de ocio, tiempo libre y actividades deportivas.
Varias de las camas del albergue. - Foto: Jonathan TajesLa concejala de Servicios Sociales, Rafaela Romero, asegura que el centro de La Victoria «está funcionando muy bien» y que en los últimos meses se han ido arreglando los defectos que motivaron el cierre anterior de estas instalaciones. Por ejemplo, los baños, que estaban en unas condiciones «que no eran aceptables» porque tenían muchas humedades. Un periodo de cambios que no ha sido fácil y que también ha afectado a la adjudicataria del servicio, que ahora están en manos de Fundación Intras después de que la anterior, Cruz Roja, no se presentase al último proceso de licitación pública.
Durante 2021 han pernoctado allí 378 personas, aunque lo han solicitado 434. Esas 56 de diferencia son usuarios que lo pidieron y finalmente no se presentaron a dormir. La mitad de los usuarios de este año son españoles, un dos por ciento procede de países comunitarios, principalmente Portugal; otro diez por ciento es natural de Rumanía o Bulgaria y el 38 por ciento restante es natural de otros países, con mayoría de marroquíes (99), argelinos (17), venezolanos (seis), colombianos (seis) y senegaleses (cinco). Además, como en años anteriores, hay mucha más demanda entre los hombres que entre las mujeres. Casi nueve de cada diez son varones.
Perfiles. Los perfiles de usuarios son muy diferentes entre españoles y extranjeros. En el primer caso, se trata de un hombre de entre 35 y 65 años con problemáticas asociadas al consumo de alcohol o la salud mental, con necesidad de ayuda psicosocial. «Son personas sin ingresos económicos debido a la falta de cotización y las dificultades asociadas a la búsqueda de empleo», señalan fuentes municipales. La permanencia de los españoles en el albergue suele ser más larga que la de los extranjeros debido al tiempo necesario para la gestión administrativa de recursos. Además, cuando consigue acceder a algún tipo de ingreso no suelen dejar inmediatamente estas instalaciones puesto que la cuantía no les permite acceder al alquiler de una vivienda normalizada. «Se añade a esto las dificultades para encontrar una vivienda que les permita un alquiler con contrato que les permita empadronarse», añaden las mismas fuentes. Generalmente, los puestos de trabajo a los que pueden optar «suelen ser temporales y muy precarios».
Un usuario se sirve un café con leche. - Foto: Jonathan TajesEn el caso de los extranjeros, el perfil también responde al de un hombre de entre 35 y 65 años, pero que suele estar en una situación administrativa irregular y con escaso conocimiento del idioma, de ahí que se impartan talleres de inmersión lingüística. Por su situación, también les resulta muy complicado encontrar un trabajo estable, así que «buscan un empleo temporal para resolver sus necesidades inmediatas». A diferencia de los españoles, suelen pasar poco tiempo allí y se van sin previo aviso. El Ayuntamiento reconoce que está observando con preocupación un incremento de consumo de sustancias, especialmente alcohol, entre estos usuarios. Durante los meses estivales se ha incrementado su presencia, lo mismo que ha sucedido en septiembre con las personas que han llegado a Valladolid y son solicitantes de protección internacional. «También destaca el aumento de los hombres de 18 a 25 años de origen marroquí que han acudido al albergue este verano», explican desde el Ayuntamiento.
El Área de Servicios Sociales decidió trasladar este servicio al centro de La Victoria para ampliar las instalaciones del paseo del Hospital Militar. Allí, aparte del albergue, se ubica el Departamento de Prevención y Salud Laboral, que está previsto que se traslade a Las Francesas para dejar todo ese espacio que ocupa ahora para el albergue. Pero esta operación todavía está pendiente de algunos trámites administrativos, por lo que el comienzo de las obras ha sufrido algún retraso. Romero confía en que las obras de ampliación puedan comenzar en los próximos meses, aunque no haya una fecha estimada.
Despidos en la plantilla. El cambio de adjudicatario en la gestión del albergue fue la antesala de una serie de despidos en la plantilla, después de que se produjeses la obligatoria subrogación. Fundación Intras decidió prescindir de parte del personal y algunos de los afectados decidieron denunciar su despido en los juzgados. Fuentes de los afectados aseguran que solo se mantuvo a cuatro de los «poco más de diez trabajadores» que había». También fueron cuatro los que decidieron denunciar. Tres juicios todavía están pendientes y uno de ellos no se llegó a celebrar ya que la afectada llegó a un acuerdo previo con Fundación Intras, que reconoció la improcedencia del despido e indemnizó a la extrabajadora con 33 días de salario por cada año trabajado, explican fuentes de CNT. Los otros tres juicios pendientes se celebrarán este mes, en noviembre y en marzo del año que viene, si todo va como está previsto. «Ha sido una marranada lo que han hecho y cómo lo han hecho, porque hemos levantado ese albergue de la nada, adaptándolo a las 24 horas de funcionamiento, trabajando con buzos y haciendo de todo para que luego nos dejen en la calle», explica uno de los afectados, quien añade que los despedidos son empleados con años de experiencia y que conocen muy bien la problemática de los usuarios del albergue.
Quejas por aglomeraciones de gente y por la limpieza del entorno
Responsables de la asociación de vecinos Los Comuneros de La Victoria se reunieron en la primera fase de la pandemia con la concejala de Servicios Sociales, Rafael Romero, para trasladar algunas quejas que escuchaban de los vecinos, sobre todo por la aglomeración de personas en ese entorno en determinados momentos, especialmente en las horas de la comida y la cena, y por los problemas de limpieza, ya que es habitual ver latas de cerveza y cartones de vino, entre otras cosas. En aquella reunión la concejala se comprometió a hacer las gestiones oportunas para mejorar estos problemas y desde la asociación de vecinos reconocen que «la situación ha mejorado mucho», aunque en alguna ocasión este centro pueda ocasionar alguna molestia puntual a algún vecino. Romero reconoce que «se han intentado minimizar», pero pidió «un poco de comprensión» a la ciudadanía. «Entiendo las quejas, pero estas personas también son nuestros conciudadanos, que en algunos casos sufren adicciones, y no podemos atenderlos en mitad del páramo», finaliza.