El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega, planteó ayer una revisión de la ley reguladora de la institución para mejorar su autonomía orgánica y presupuestaria, y expresó su «seria preocupación» por la plantilla «justa» cuando han asumido más funciones como la competencia en la resolución de recursos sobre la contratación pública.

En su primera comparecencia en la Comisión de Presidencia de las Cortes para presentar la Memoria correspondiente a 2018, Sánchez de Vega detalló algunas «disfunciones» y «limitaciones» de la ley que «sorprenden» como que necesiten la autorización del presidente de las Cortes para editar un catálogo en papel o si necesitan alguna contratación externa, cuando no dependen del Ejecutivo ni del Legislativo.

Aunque calificó de «acertada» la adscripción del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al Consejo Consultivo y afirmó que otras comunidades piensan en seguir ese modelo, alertó de que se pueden producir «recelos sobre la imparcialidad» de los consejeros.

Tras manifestar que en 2018 han resuelto los recursos con una media de 25 días desde la admisión a trámite, recordó que asumieron a «coste cero» esa doble función y subrayó que la mayor carga de trabajo con dos letrados menos y con un presupuesto un 30 por ciento inferior «hace difícilmente sostenible en el tiempo» esa situación, por lo que avanzó que en breves días presentará en las Cortes una solicitud para crear una nueva plaza de letrado.

Los portavoces de los grupos, como informa Ical, no recogieron la propuesta de reformas legales para prevenir las «disfunciones» encontradas, pero sí se refirieron a la escasa plantilla del Consejo. El socialista Luis Briones avanzó la presentación de una proposición no de ley para instar a que cuente con más medios personales y la popular Leticia García afirmó que lo estudiarán.

Memoria de 2018

El Consejo Consultivo de Castilla y León emitió 557 dictámenes en 2018, de los que un 24 por ciento (134) corresponden a la Consejería de Sanidad, mientras que el 75 por ciento (419) proceden de la responsabilidad patrimonial por daños o perjuicios causados por el funcionamiento de los servicios públicos, en especial administrativos y sanitarios.